Luis Alberto Castañeda Marín, exteniente del Ejército Peruano, ha sido deportado desde Estados Unidos tras ser condenado a 15 años de prisión en el Perú. La sentencia está relacionada con su participación en los sucesos de Cayara, Ayacucho, ocurridos en mayo de 1988, en el marco de un operativo militar conocido como “Plan Persecución”. Este proceso judicial ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y familiares de las personas afectadas.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), destacó que “la deportación del señor Castañeda es un paso importante para que cumpla con la justicia peruana y con la sentencia que se le impuso”. Añadió que ahora corresponde a la Policía Nacional ponerlo a disposición de la Sala Penal para ordenar su traslado a un centro penitenciario.
El operativo militar y los hechos en Cayara
El tribunal que condenó a Castañeda determinó que el operativo militar en el que participó, aprobado por el general José Valdivia Dueñas, tuvo como objetivo responder a una emboscada realizada por un grupo subversivo contra un contingente militar en Eruzko, Ayacucho. Luis Castañeda, conocido entonces por el seudónimo “Algarrobo”, operaba desde la base militar de Pampa Cangallo y actuó junto al teniente Alejandro Avendaño Dávila, conocido como “Grass”.
De acuerdo con testimonios presentados durante el juicio, las patrullas militares se desplazaron a la comunidad de Cayara tras la emboscada. En el camino, se produjeron incidentes que resultaron en la intervención de varias personas. Según las investigaciones, los pobladores fueron detenidos, interrogados y llevados a distintos puntos en los alrededores.
Los relatos indican que, durante el desarrollo del operativo, se registraron pérdidas humanas y la posterior desaparición de varias personas. “Este caso simboliza un momento histórico que marcó la memoria del conflicto interno en el país y nos recuerda la importancia de la verdad y la justicia”, señaló Gloria Cano.
La búsqueda de justicia
El caso de Cayara se enmarca dentro de un periodo complejo del conflicto armado interno en el Perú, caracterizado por enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos subversivos. Durante el proceso judicial, surgieron testimonios clave que permitieron esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Según Cano, “aunque algunos de los responsables han sido identificados, todavía hay oficiales que no han sido ubicados, como el general Valdivia y el teniente Avendaño”. Estos procesos, añadió, son un recordatorio de la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia en el país.
El rol de Estados Unidos y la cooperación internacional
La deportación de Luis Castañeda Marín refleja un ejemplo de colaboración internacional en casos relacionados con derechos humanos. Su presencia en Estados Unidos fue detectada y las gestiones correspondientes permitieron que regresara al Perú para cumplir con la sentencia. Este tipo de acciones refuerzan la importancia de la cooperación entre países para garantizar que la justicia prevalezca en casos de interés global.
Un precedente para la memoria colectiva
La resolución de casos como el de Cayara no solo busca justicia para los afectados, sino que también contribuye a reflexionar sobre el pasado y los aprendizajes que se pueden extraer de él. Las familias de las víctimas, representadas por organizaciones como Aprodeh, han trabajado incansablemente para esclarecer los hechos y obtener una reparación simbólica que honre la memoria de sus seres queridos.
Hacia un enfoque de justicia y reconciliación
Más allá de las decisiones judiciales, el caso de Cayara subraya la importancia de construir un país en el que la memoria histórica y los derechos humanos sean elementos centrales en la consolidación de una sociedad más justa. Para ello, resulta crucial continuar investigando los hechos del pasado, asegurar la rendición de cuentas de los responsables y fomentar espacios de reconciliación.
