La expansión de la minería ilegal de oro y del narcotráfico durante 2025 ha intensificado la degradación ambiental en la Amazonía, empujando al bioma hacia un escenario crítico de pérdida de bosques, contaminación de ríos y violencia contra sus habitantes. El fenómeno se extiende a zonas antes consideradas protegidas y coincide con un contexto de altos precios internacionales y limitada presencia estatal.
Una investigación difundida por Inforegión, basada en un estudio de InSight Crime elaborado por las investigadoras María Fernanda Ramírez y Beatriz Vicent Fernández, detalla que redes criminales y élites regionales han consolidado economías ilícitas que afectan directamente la capacidad de la Amazonía para actuar como sumidero de carbono. Según indicaron las autoras, esta dinámica está generando condiciones cercanas a un punto de no retorno ambiental.
El análisis identifica la instalación de nuevos focos de minería ilegal en el sur de la Amazonía ecuatoriana y en el río Puré, en la frontera entre Colombia y Brasil, además de una expansión sostenida en territorios de Perú, Brasil y Venezuela. De acuerdo con la investigación, estas actividades no operan de manera aislada, sino que se articulan con el acaparamiento de tierras, la tala ilegal y la siembra de cultivos ilícitos, conformando un entramado criminal de alto impacto ambiental.
Minería ilegal y precios récord del oro impulsan la deforestación
Uno de los factores centrales señalados es el aumento del precio internacional del oro. Según el estudio, el valor de la onza se incrementó en 280 % entre 2015 y fines de 2025, pasando de 1.060 a 4.030 dólares, lo que habría incentivado la proliferación de más de 4.000 sitios de minería ilegal a lo largo de la cuenca amazónica. Estas operaciones afectan áreas naturales protegidas y territorios indígenas, además de generar contaminación por mercurio en ríos y quebradas.
Las cifras recopiladas por InSight Crime indican que, en la provincia ecuatoriana de Napo, la superficie afectada por minería creció de menos de 50 hectáreas a más de 1.300 entre 2007 y 2023. En el Parque Nacional Podocarpus, la afectación minera habría aumentado 127 % solo entre 2023 y 2024. De acuerdo con las investigadoras, entre 2018 y 2024 se perdieron más de dos millones de hectáreas de bosque en la región amazónica.
Narcotráfico y convergencia de economías ilícitas
El informe también señala que el narcotráfico se ha convertido en un motor adicional de deforestación. En Colombia, los cultivos de coca en departamentos amazónicos se incrementaron 65 % entre 2015 y 2023, concentrándose en zonas de protección especial como Putumayo. En Perú, según el análisis, la expansión de cultivos ilícitos ha superado los límites del VRAEM y se ha extendido a la Amazonía, donde las hectáreas cultivadas fuera de esa zona pasaron de 21.967 a 53.110 en 2024.
Ramírez y Vicent Fernández advierten que el narcotráfico converge cada vez más con otras actividades ilegales. Según señalaron, las organizaciones criminales utilizan cargamentos de madera para ocultar drogas e invierten ganancias del negocio de la cocaína en maquinaria para la minería ilegal, fortaleciendo así un circuito ilícito integrado.
Gobernanza criminal, violencia y omisiones internacionales
El estudio describe este escenario como una forma de “gobernanza criminal”, en la que grupos armados y organizaciones transnacionales aprovechan la debilidad institucional en zonas fronterizas. De acuerdo con las autoras, organizaciones brasileñas como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo han extendido sus operaciones hacia países vecinos, mientras que en Colombia disidencias armadas ejercen control territorial sobre la tala y otras actividades ilegales.
La investigación también documenta el impacto humano de este fenómeno. Entre 2012 y 2024, al menos 1.018 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en la Amazonía, concentrándose el 90 % de los casos en Colombia y Brasil. En Perú, se registraron 62 asesinatos en el mismo periodo, casi la mitad ocurridos en los últimos cinco años.
El informe advierte que, pese a la magnitud del problema, el rol del crimen organizado como actor clave de la crisis climática no fue abordado en la declaración final de la COP30 realizada en Belém en noviembre de 2025. Según InSight Crime, la ausencia de una hoja de ruta para enfrentar estas economías ilícitas limita la eficacia de las estrategias de conservación y deja a las comunidades amazónicas expuestas a un sistema de control criminal.
