La instalación desordenada de rompemuelles en diversas provincias y distritos de la región Huánuco ha generado un fuerte rechazo por parte de autoridades locales, transportistas y ciudadanía en general. La principal crítica gira en torno a la falta de criterio técnico en la ejecución de estas obras, así como a la ausencia de consulta previa entre municipios involucrados.
Los rompemuelles, supuestamente construidos como reductores de velocidad, han sido ubicados en zonas que no solo carecen de planificación, sino que incluso invaden límites jurisdiccionales. Según denunció la gerente Ligia Ávila, algunos de estos dispositivos han sido instalados en sectores que no pertenecen al ámbito de la comuna responsable de las obras, afectando directamente a distritos colindantes como Pachitea y zonas cercanas a la ciudad de Huánuco.
El impacto directo ha recaído sobre los transportistas y ciudadanos que transitan con frecuencia por estas rutas. De acuerdo con estimaciones no oficiales, los rompemuelles estarían soportando un flujo de hasta 1,200 vehículos semanales, muchos de ellos de carga pesada. Sin embargo, lejos de cumplir una función ordenadora del tránsito, estos elementos han causado deterioro de las pistas, daños a vehículos y un considerable retraso en los tiempos de traslado.
“La ciudad de Huánuco merece respeto. No es posible que se construya sin criterio técnico, sin escuchar a los distritos ni a las provincias que también son parte de la región”, declaró Ávila, quien realizó una enérgica protesta junto a representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional.
También se sumó a los reclamos la ciudadana Medusa, quien recordó que en tres ocasiones advirtió públicamente sobre los perjuicios económicos que ocasionaría esta ejecución irresponsable. “No se puede vivir en una localidad con ese tipo de obras. Son medidas que dañan más de lo que ayudan”, indicó.
La población exige que los rompemuelles sean reconstruidos con criterios técnicos, respetando las delimitaciones territoriales y priorizando la seguridad sin sacrificar la transitabilidad. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional ni de los alcaldes responsables de estas intervenciones.
La ciudadanía espera una pronta rectificación y que este caso sirva como ejemplo para una mejor planificación en futuras obras públicas.
