El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anuló esta semana las pruebas judiciales utilizadas contra la ex primera dama peruana Nadine Heredia, en el marco del proceso que se le sigue en Perú por el presunto delito de lavado de activos relacionado con la constructora Odebrecht. La decisión fue adoptada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien también prohibió expresamente que dichos elementos sean utilizados en cualquier acto de cooperación judicial con el sistema judicial peruano.
Según reportó la prensa brasileña, el juez determinó que los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, empleados por la empresa para registrar pagos ilícitos, carecen de cadena de custodia y autenticidad documental, por lo cual su uso en procesos penales resulta jurídicamente inválido. “Las pruebas son impropias e inservibles”, concluye la resolución.
Magistrado brasileño extiende decisión
La resolución emitida por el juez Dias Toffoli extiende el mismo beneficio procesal que previamente concedió al expresidente peruano Ollanta Humala, esposo de Heredia, y a otros procesados por el caso Lava Jato. El fallo considera que la información extraída de los servidores internos de Odebrecht no cumple con estándares internacionales de admisibilidad probatoria, por lo que queda prohibido su uso en procesos judiciales y en mecanismos de cooperación legal internacional.
Asimismo, el magistrado ordenó comunicar la decisión al Ministerio de Justicia de Brasil, dejando sin efecto cualquier solicitud de asistencia legal que incluya material derivado de esos sistemas. El fallo reafirma criterios previos del STF que ya habían invalidado estas bases de datos como prueba en otros procesos brasileños.
Este nuevo revés judicial complica el escenario para las autoridades peruanas encargadas del seguimiento al caso Lava Jato, cuyas acusaciones centrales se basaban en los registros digitales que Odebrecht usó para ocultar pagos ilegales en varios países latinoamericanos.
Heredia se encuentra en Brasil
Nadine Heredia permanece en Brasil desde abril de 2025, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva le otorgara asilo diplomático tras ser condenada —junto a su esposo— a 15 años de prisión por lavado de activos, por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht en las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
La ex primera dama negó las acusaciones en reiteradas oportunidades y argumentó que el proceso fue irregular. Su defensa ha sostenido que las pruebas electrónicas utilizadas en su contra fueron manipuladas, obtenidas sin control judicial y compartidas sin garantías de legalidad.
Por su parte, el Ministerio Público del Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los efectos inmediatos de este fallo en el proceso que se desarrolla en el país. Especialistas consultados por medios internacionales advierten que, de mantenerse esta línea jurisprudencial, varios procesos en América Latina vinculados al caso Odebrecht podrían verse afectados seriamente.
