El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Alberto Berger Vigueras, informó que el Poder Judicial en la región prevé inaugurar un aplicativo con inteligencia artificial denominado “Amauta Pro”, cuyo propósito —según indicó— será acelerar el dictado de medidas de protección para víctimas de violencia familiar. El magistrado sostuvo que la herramienta podrá instalarse en celulares y dispositivos móviles de las víctimas, con el fin de brindar una respuesta más rápida en casos considerados “urgentes y sensibles”, de acuerdo con sus declaraciones.
Berger Vigueras realizó estos anuncios durante actividades de la Semana de la Integridad, espacio en el que también señaló que el objetivo institucional es concientizar a la ciudadanía para que “no normalice” los actos de corrupción. En esa línea, el titular de la Corte afirmó que la modernización del servicio de justicia busca mejorar la percepción pública y acercar los servicios a la población, remarcando que, desde su perspectiva, la justicia debe ser “rápida, eficiente” y con mayor presencia territorial.
Asimismo, el presidente de la Corte refirió que el sistema proyectado en Huánuco se enmarca en iniciativas nacionales impulsadas por la presidencia del Poder Judicial, mencionando el trabajo de la doctora Yanet Tello y la estrategia denominada “Acceso a la Justicia”, la cual —según explicó— comprende visitas a diversas localidades del país para acercar los servicios judiciales a la ciudadanía.
App “Amauta Pro”
En sus declaraciones, Berger Vigueras señaló que “Amauta Pro” no solo apuntaría a acelerar medidas de protección, sino que también podría articularse con aplicativos ya existentes, como el botón de pánico y otras herramientas orientadas a resguardar la integridad física y psicológica frente a hechos de violencia. De acuerdo con lo manifestado por el magistrado, el alcance esperado sería contribuir a la protección de mujeres, adultos mayores y otras poblaciones vulnerables ante amenazas y violencia familiar.
El titular de la Corte sostuvo que el uso de tecnología buscaría fortalecer la atención en una problemática que, según indicó, afecta a familias en Huánuco. En esa línea, afirmó que con estas herramientas se pretende mejorar la asistencia tecnológica y la eficiencia en la tramitación de casos reportados en la región vinculados a violencia contra la mujer y violencia familiar.
Berger Vigueras también indicó que la Corte invitaría a los medios de comunicación a la presentación del aplicativo, como parte de las acciones de difusión de la iniciativa. No obstante, en sus declaraciones no precisó fechas exactas, protocolos de implementación, ni detalles técnicos sobre el funcionamiento del sistema, limitándose a señalar que su finalidad es acelerar respuestas judiciales en materia de protección.
Sobrecarga procesal
En el mismo pronunciamiento, Berger Vigueras atribuyó parte de las demoras del sistema de justicia a la sobrecarga procesal y a la limitación presupuestal. Según manifestó, el Poder Judicial enfrenta un incremento constante de expedientes sin un crecimiento proporcional de órganos jurisdiccionales ni del personal necesario para atenderlos.
El presidente de la Corte aseguró que, ante este escenario, jueces y trabajadores judiciales realizan jornadas maratónicas de descarga procesal. Incluso, afirmó que en Huánuco existen magistrados y personal que, según dijo, trabajan hasta altas horas de la noche y en algunos casos acuden a laborar los sábados, como parte del esfuerzo para responder al volumen de casos.
Asimismo, Berger Vigueras planteó un contraste presupuestal al sostener que la Constitución señala que el Poder Judicial debería recibir el 4% del presupuesto general, pero que —según su apreciación— “no nos dan ni el 1%”. En su lectura, esta brecha explicaría el déficit para crear más órganos jurisdiccionales, ampliar capacidades y responder con mayor celeridad.
Flagrancia, 72 horas y laboratorio criminalístico
Entre los puntos mencionados, Berger Vigueras también se refirió a la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Flagrancia, mecanismo que —según describió— permitiría resolver procesos en 72 horas bajo un modelo de atención articulada. Sin embargo, sostuvo que para ello se requiere financiamiento que permita contar con locales idóneos e integrados, donde operen en conjunto la Policía, el Ministerio Público, la defensa pública y el Poder Judicial, conforme a lo que explicó.
