La política arancelaria del expresidente Donald Trump ha vuelto al centro del debate jurídico en Estados Unidos, luego de una serie de decisiones judiciales contrapuestas que impactan el comercio internacional. El tira y afloja legal en torno a los aranceles impuestos por Trump a sus socios comerciales continúa, generando incertidumbre en los mercados globales. Recordemos que estas medidas, impulsadas bajo la premisa de proteger los intereses económicos de EE.UU., han sido objeto de críticas y desafíos legales desde su implementación.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, una Corte de Apelaciones revirtió el bloqueo que un tribunal inferior había impuesto a buena parte de los aranceles decretados por la administración Trump contra varios países.
La decisión del Tribunal de Apelaciones suspende “hasta nuevo aviso” la sentencia emitida por el Tribunal de Comercio Internacional, que había paralizado los gravámenes globales anunciados el 2 de abril, así como otros aplicados previamente a Canadá, México y China. Esta suspensión se mantendrá mientras los jueces examinan las apelaciones presentadas por el Gobierno estadounidense. Es importante recordar que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) fue la base legal esgrimida por Trump para justificar estas medidas, lo que generó controversia sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia comercial.
Ante el bloqueo judicial inicial a su política arancelaria, la administración Trump había advertido que llevaría el caso ante la Corte Suprema si no se emitía una orden temporal que frenara el fallo. Paralelamente a la decisión de la Corte de Apelaciones, la corte federal del Distrito de Columbia emitió un fallo que también bloquea la aplicación de los mismos aranceles, sumando complejidad al panorama legal. Este entrelazamiento de decisiones judiciales resalta la división de opiniones dentro del sistema legal estadounidense sobre la legitimidad de las medidas arancelarias de Trump.
La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional se basó en la estimación de tres jueces de que el expresidente Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). En respuesta, la Casa Blanca acusó a los jueces de “abusar descaradamente” de su poder y de “usurpar la autoridad” del presidente, impidiéndole cumplir con el mandato que le encomendó el electorado. Esta retórica confrontacional por parte de la administración Trump subraya la importancia política de la disputa, más allá de sus implicaciones económicas.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, denunció una “preocupante y peligrosa tendencia de jueces no electos que intervienen en el proceso de toma de decisiones presidencial”. Leavitt hizo referencia a otros bloqueos judiciales contra medidas impulsadas por Trump en sus primeros meses de gobierno. Esta crítica al activismo judicial se alinea con la narrativa de la administración Trump sobre una supuesta intromisión del poder judicial en las decisiones del ejecutivo.
Finalmente, la portavoz Leavitt advirtió a los países inmersos en negociaciones comerciales con Washington que “el presidente se reserva otras facultades arancelarias” para garantizar “que se restablezcan los intereses de EE.UU. en todo el mundo”. Esta declaración reafirma la postura proteccionista de la administración Trump y su disposición a utilizar los aranceles como herramienta de presión en las negociaciones comerciales, lo que podría tener consecuencias significativas para el comercio internacional.
