La reciente denuncia de la directora de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Huánuco, Luz María Basilio Ingunza, sobre presuntos actos de tráfico y blanqueo ilegal de madera en el puesto de control de Rancho, pone en evidencia un problema tan antiguo como persistente: la corrupción enquistada en los sistemas de control ambiental del país. Lo que debería ser un punto de vigilancia clave contra el tráfico de recursos naturales se ha convertido, según las propias autoridades, en una puerta abierta a la ilegalidad.
Rancho no es un punto cualquiera. Por esa ruta transitan diariamente toneladas de madera procedente de Ucayali, Puerto Inca, Loreto y San Martín rumbo a Lima y la costa central. Allí deberían verificarse especies, medidas y volúmenes, garantizando que lo que se transporta proviene de fuentes legales. Sin embargo, las recientes denuncias sugieren que algunos funcionarios habrían traicionado su deber, facilitando el paso de cargamentos irregulares mediante arreglos y omisiones deliberadas. Que la propia jefatura regional haya decidido hacer público el caso habla de la gravedad del problema y de la necesidad urgente de limpiar una institución esencial para la defensa de los bosques.
De acuerdo con Basilio, la investigación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección Regional de Agricultura y la Contraloría General de la República, a fin de deslindar responsabilidades. Las alertas surgieron a partir de publicaciones anónimas en redes sociales, pero la entidad decidió actuar ante la gravedad de los señalamientos. En julio, un conductor denunció un presunto intento de arreglo entre transportistas y personal del puesto de control, lo que derivó en la separación de un trabajador y en una denuncia penal. Pese a ello, la rotación de personal y las medidas administrativas no bastan si no se enfrentan las raíces estructurales del problema: la impunidad, la falta de fiscalización efectiva y la escasa coordinación interinstitucional.
El tráfico ilegal de madera es uno de los delitos ambientales más lucrativos del país y un reflejo del deterioro institucional. Cada metro cúbico que pasa sin control representa pérdida económica, destrucción ambiental y desconfianza ciudadana. Los controles forestales, debilitados por años de abandono y corrupción, se han convertido en eslabones frágiles de una cadena que favorece a quienes lucran con el patrimonio natural de todos los peruanos.
La decisión de transparentar el proceso y someterlo a las instancias competentes debe ser respaldada, pero también vigilada. Es momento de que la justicia actúe con firmeza, que la Contraloría y la Fiscalía trabajen de manera conjunta y que el Estado refuerce su sistema de trazabilidad forestal. La sociedad necesita señales claras de que no todo está perdido. La lucha contra la corrupción en los bosques no se gana con comunicados, sino con sanciones ejemplares y voluntad política real.
