El caso de corrupción en el programa social Qali Warma, que involucra la distribución de alimentos en mal estado y presuntas irregularidades dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), ha escalado a una nueva controversia. El abogado de Julio Demartini, exministro del sector, ha presentado una denuncia penal contra los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, de Latina TV, quienes revelaron el escándalo a través de una serie de reportajes en el programa Punto Final. Según Luis Paucar para Infobae
Denuncia contra periodistas: ¿intento de amedrentamiento?
Mónica Delta, conductora de Punto Final, fue la encargada de dar a conocer la denuncia interpuesta por el abogado de Demartini. “Durante semanas, la unidad de investigación de Latina Noticias ha compartido un conjunto de informes que han revelado el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Hablamos de Frigoinca-Qali Warma, un caso que nació aquí”, señaló la periodista en la reciente edición del programa.
Según Delta, la denuncia se basa en una supuesta revelación indebida de información confidencial. “Los honorarios de este abogado son pagados por el MIDIS con el dinero de todos los peruanos”, subrayó, refiriéndose a que el abogado Juan Peña, encargado de la defensa de Demartini, recibe S/ 95.000 del Estado por su trabajo legal.
El caso gira en torno a la identidad de Noemí Alvarado, la denunciante principal del escándalo y colaboradora eficaz. Alvarado trabajó en la empresa Frigoinca, la cual es investigada por haber suministrado productos en mal estado a los beneficiarios de Qali Warma. Además, su presidente, Nilo Burga, fue hallado sin vida en un hotel de Lima en circunstancias aún no esclarecidas.
MIDIS intenta deslindar responsabilidad
Desde el MIDIS, han intentado distanciarse de la denuncia, argumentando que se trata de una acción individual del abogado de Demartini y no de una medida impulsada desde el ministerio. Sin embargo, Delta calificó esta postura como inverosímil. “Es una explicación absurda con la que intentan desvincularse de su objetivo: incomodar al que investiga y aporta información al país”, aseguró.
La periodista también resaltó que la identidad de la colaboradora eficaz ya era de conocimiento público y había sido divulgada en diversos medios antes de los reportajes de Latina TV. “(La identidad) es de público conocimiento, y ya había sido difundida no solo por los medios de comunicación, sino también por ella misma en declaraciones públicas, las cuales fueron ofrecidas a Punto Final y otros programas”, enfatizó.
Latina TV y el IPYS rechazan el intento de censura
Ante la denuncia, Latina TV ha anunciado que responderá en todas las instancias necesarias para defender la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. “Esto no es otra cosa que un acto de amedrentamiento al que, por supuesto, vamos a responder en todas las instancias necesarias, y quede en claro que de ninguna manera van a silenciar nuestro trabajo”, aseguró la televisora.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció, expresando su preocupación por el uso de fondos públicos para demandar periodistas. “Rechazamos cualquier tipo de amedrentamiento contra la prensa por el hecho de hacer su trabajo”, indicó la organización en un comunicado.
El caso Frigoinca-Qali Warma: corrupción en la entrega de alimentos
El escándalo revelado por Latina TV destapó una red de corrupción dentro del programa Qali Warma, encargado de brindar alimentación a escolares en situación de pobreza extrema. Según la investigación, Frigoinca logró obtener contratos millonarios con el Estado a pesar de que sus productos no cumplían con los estándares de calidad.
El caso es parte de una megainvestigación fiscal que ha llevado a la apertura de 25 expedientes sobre denuncias de alimentos en mal estado entregados a niños peruanos.
Uno de los implicados clave es Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial, quien fue director de Qali Warma hasta 2022 y es investigado por la fiscalía. En diciembre de 2024, su domicilio fue allanado como parte de la pesquisa. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, explicó que Hinojosa permitió la incursión de Frigoinca en el programa social y que esta empresa vio un aumento significativo en sus ventas bajo su administración.
Por su parte, Demartini está incluido en la investigación por omisión de funciones, ya que el programa dependía directamente de su despacho ministerial. Según la fiscalía, el exministro no tomó medidas para evitar que alimentos en mal estado fueran distribuidos a miles de niños en diversas regiones del país.
Reestructuración y cambio de nombre de Qali Warma
A raíz del escándalo, el Gobierno anunció una reestructuración total del programa de alimentación escolar y, como parte de esta medida, cambió su nombre a Wasi Mikuna. Sin embargo, las críticas persisten, ya que las modificaciones no solucionan el problema de fondo: la corrupción en las adquisiciones y el control de calidad de los alimentos.
Además, Demartini presentó su renuncia a fines de enero y fue reemplazado por Leslie Urteaga, exministra de Cultura. No obstante, la crisis dentro del MIDIS sigue latente, y la población exige sanciones efectivas para los responsables de la mala gestión del programa.
Libertad de prensa en la mira
El caso no solo ha puesto en evidencia las deficiencias del MIDIS, sino que también ha generado un debate sobre la libertad de prensa en el Perú. La denuncia contra Christopher Acosta y Pedro Tenorio es vista como un intento de censura y una represalia por haber revelado información que compromete a altos funcionarios del Gobierno.
Ante este panorama, la comunidad periodística y la sociedad civil han expresado su apoyo a los periodistas investigados, exigiendo que no se utilicen mecanismos legales para silenciar la verdad.
La investigación de Qali Warma aún está en curso, y los resultados de la fiscalía podrían traer consecuencias políticas y judiciales de gran impacto en los próximos meses. Mientras tanto, el periodismo de investigación sigue enfrentando amenazas y desafíos en su labor de exponer la corrupción en el país.
