Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), publicado este martes, denuncia que el Congreso peruano ha favorecido indirectamente la expansión del crimen organizado en el país, en un contexto marcado por la corrupción y la inestabilidad política. Según HRW, más de la mitad de los legisladores enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, situación que habría debilitado la capacidad del Estado para frenar el avance de redes criminales.
El documento sostiene que durante 2024 Perú alcanzó la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Entre los sectores más afectados se encuentran la minería ilegal y el transporte, espacios donde estas organizaciones han consolidado su influencia.
Reforma legislativa bajo cuestionamiento
De acuerdo con HRW, el Congreso no solo ha incumplido su papel de fortalecer la institucionalidad democrática, sino que ha aprobado reformas que afectan directamente la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. Una de las principales críticas apunta a la restricción del mecanismo de “colaboración eficaz”, herramienta clave para desarticular redes criminales mediante testimonios y pruebas.
Además, se cuestiona la reciente modificación al Código Penal que redefine el concepto de “crimen organizado”, dejando fuera varios delitos de corrupción. Según HRW, esta medida constituye un retroceso en los esfuerzos por investigar y sancionar a los funcionarios corruptos y a sus eventuales nexos con organizaciones criminales.
El informe también destaca la destitución arbitraria de jueces y fiscales que lideraban investigaciones sensibles, lo que mina aún más la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Inacción del Ejecutivo y recomendaciones
HRW advierte que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha permitido la aprobación de leyes perjudiciales y se ha limitado a responder mediante la declaración de estados de excepción en provincias afectadas por la violencia, medidas que no han logrado frenar el crecimiento del crimen organizado.
La organización internacional recomienda al Congreso peruano derogar o modificar leyes como la 31751, 31990, 31973 y 32138, y rechazar cualquier iniciativa que otorgue poderes excesivos para disciplinar a jueces, fiscales y funcionarios electorales. Asimismo, exhorta al Ejecutivo a diseñar una política de seguridad que respete los derechos humanos y a dotar de mayores recursos a la Policía y al Ministerio Público.
Por su parte, la Procuraduría General debería garantizar recursos a los fiscales que enfrentan delitos complejos, especialmente en zonas rurales, e investigar con firmeza las conexiones entre el crimen organizado y autoridades públicas.
Finalmente, HRW insta a los comités de gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la posible adhesión de Perú, a exigir la protección de la independencia judicial, el espacio cívico y la defensa ambiental como condiciones mínimas para el ingreso.
“Los peruanos merecen instituciones que los protejan”
En un llamado contundente, HRW señala que la ciudadanía peruana “merece un Congreso y un Ejecutivo que aseguren sus derechos y los protejan de la violencia y la corrupción”. Según el organismo, solo con instituciones fuertes e independientes será posible revertir la creciente influencia del crimen organizado y recuperar la confianza pública.
