Corrupción en DIRESA y el aumento de casos de salud mental postpandemia

Hospital regional Hermilio Valdizán enfrenta sobrecarga por aumento de trastornos mentales tras la pandemia

La Dirección Regional de Salud (Diresa) se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción, según confirmó el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca. La investigación está relacionada con la devolución irregular de una suma de dinero correspondiente a un proceso administrativo del año 2020. Barrera señaló que la institución está proporcionando toda la información solicitada por la Policía Nacional, y aseguró que la Diresa está colaborando plenamente con las autoridades.

“El viernes recibimos la notificación y desde entonces hemos solicitado a las diferentes áreas que nos entreguen toda la documentación necesaria”, declaró Barrera Sulca. Aunque admitió que el caso está vinculado a varios funcionarios de la institución, destacó que uno de los principales implicados es Linder Mesa, actual administrador de la Diresa. “Sí, Linder Mesa está involucrado, pero no es el único. Hay más personas que también están siendo investigadas”, afirmó el director.

A pesar de las investigaciones en curso, Barrera reconoció que los funcionarios señalados continúan trabajando en sus respectivas áreas. Sin embargo, aclaró que esto no interfiere con el desarrollo de las investigaciones. “No podemos adelantar juicios, pero estamos recopilando toda la información requerida por la Policía para que puedan tomar las decisiones correspondientes”, afirmó. La Diresa espera tener la documentación completa para su entrega a las autoridades en las próximas 24 horas.

Salud mental en crisis

En paralelo a la situación legal de la Diresa, el director regional de Salud también alertó sobre la crisis en salud mental que enfrenta el hospital regional Hermilio Valdizán. Según Barrera, los casos de trastornos mentales, como la depresión, la esquizofrenia y los intentos de suicidio, han aumentado significativamente desde la pandemia. El director reconoció que las secuelas psicológicas de la crisis sanitaria siguen impactando a la población, especialmente a aquellos que vivieron de cerca las dificultades emocionales y sociales derivadas de las cuarentenas prolongadas y las pérdidas familiares.

“Muchas personas han quedado con trastornos psiquiátricos y psicológicos, lo que ha incrementado nuestras estadísticas. La salud mental es una de las prioridades del Ministerio de Salud”, afirmó Barrera. El hospital Hermilio Valdizán cuenta con una unidad de salud mental en la que trabajan 15 psicólogos, 5 psiquiatras y un equipo de apoyo compuesto por enfermeras y técnicos, pero Barrera admitió que el volumen de pacientes es alto y que la infraestructura actual no es suficiente para atender la demanda creciente.

Entre las medidas que se tomarán para hacer frente a esta crisis, Barrera anunció que se están planificando mejoras en la unidad de salud mental del hospital. La prioridad es reforzar la infraestructura y modernizar los equipos tecnológicos para brindar una atención más eficiente y cómoda para los pacientes. “Queremos implementar un sistema de vigilancia con videocámaras para monitorear a los pacientes y mejorar la comodidad de las instalaciones”, explicó el funcionario.

Barrera también destacó que las edades de los pacientes atendidos son diversas, desde niños hasta personas de la tercera edad. Aunque la incidencia de los trastornos mentales es similar entre hombres y mujeres, señaló que los hombres presentan una ligera mayor tendencia a padecer estos problemas. Además, mencionó que los casos crónicos e irreversibles, como la esquizofrenia, requieren un tratamiento de por vida bajo la supervisión de psiquiatras.

“Nuestro objetivo es que todos los pacientes reciban la medicación adecuada y la atención especializada que necesitan”, subrayó Barrera. El director hizo hincapié en la necesidad de desmitificar el tratamiento de los trastornos mentales, rechazando prácticas arcaicas como el uso de rejas en las instalaciones psiquiátricas, algo que ya está prohibido.

El compromiso de las autoridades de salud es garantizar que las personas con trastornos mentales puedan acceder a un tratamiento digno y adecuado, en un ambiente que respete sus derechos y promueva su recuperación.

Datos:

El caso se relaciona con posibles irregularidades durante la pandemia, un periodo en el que muchas compras y contrataciones quedaron bajo escrutinio por la rapidez con la que se realizaron debido a la emergencia sanitaria. Barrera insistió en que su gestión está comprometida con la transparencia y que la institución seguirá colaborando en el proceso de investigación para esclarecer los hechos.