La denuncia de presuntos cobros irregulares de entre S/ 300 y S/ 800 por parte de inspectores de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huánuco ha reactivado el debate sobre la fiscalización urbana. La acusación fue formulada por Cleber Crespo Picón, dirigente transportista y gerente de la empresa La Merced, tras la intervención de su unidad el viernes 13 a las 2:43 p. m. en el jirón 1, cuadra 8, cerca del Mercado Viejo.
Según relató Crespo, su vehículo fue trasladado al depósito municipal y permanece retenido desde esa fecha, lo que —afirmó— le impide generar ingresos para su familia. El transportista sostuvo que el 30 de diciembre de 2024 pagó S/ 300 para recuperar su unidad y que, desde 2022 o 2023, le habrían solicitado montos de S/ 400, S/ 500 e incluso S/ 800, además de consumos, a cambio de permitirle trabajar.
Crespo indicó que en el último operativo participaron alrededor de ocho inspectores y que uno de ellos, a quien identificó por el apodo de “Gato”, inició la intervención. También señaló a un funcionario identificado como José Luis, a quien describió como “jefe de todos los inspectores”. Ante la consulta periodística, reconoció que accedió a algunos pagos en operativos anteriores.
Las acusaciones incluyen presunto abuso de autoridad y hostigamiento. Crespo afirmó que los inspectores le exigieron la “resolución del paradero”, pese a que —según su versión— la información figuraría en el sistema y sus documentos estaban en trámite, respaldados por un voucher que no fue admitido durante la fiscalización.
El dirigente señaló que esta sería la segunda vez que su unidad es internada en el depósito y que, por supuesta reincidencia, le habrían advertido de un pago superior a S/ 500 para retirarla. También mencionó un caso ocurrido hace 15 días en los jirones Huallayco y Ayacucho y cuestionó autorizaciones otorgadas a la empresa Sefer para rutas como Huánuco–Las Pampas y Ambo–Las Pampas, aunque no presentó documentos.
La gravedad de los señalamientos trasciende los montos específicos. De confirmarse, afectarían a conductores que dependen del ingreso diario, distorsionarían la competencia entre empresas formales y debilitarían la legitimidad de una gerencia clave en una ciudad de más de 100 mil habitantes.
Corresponde ahora al Ministerio Público, a la Contraloría y a la Municipalidad Provincial esclarecer si existieron delitos o si la intervención se ajustó a norma. La credibilidad institucional dependerá de que las investigaciones avancen con pruebas y sanciones, si correspondieran.
