La Contraloría General de la República, confirmó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública para 11 funcionarios de la ex gestión de Luis Picón en el Gobierno Regional. Son 11 los funcionarios que fueron sancionados por irregularidades en la compra de ambulancias y recepción irregular de una obra en Tantamayo.
Contraloría determinó serias irregularidades en ambos procesos que generaron perjuicio económico millonario al Gorehco.
Para muchos ciudadanos estas sanciones son leves, lo cierto es que pese a estos hallazgos de la CGR estos malos funcionarios siguen laborando impunemente. La comunidad está cansada de ver y respirar tanta corrupción existente en todos los poderes del estado, sin que los culpables reciban sanción alguna.
Curiosamente, entre los sancionados no figuran los altos funcionarios de la exgestión como el mismo Luis Picón y sus allegados. Crea mucha suspicacia que ellos no hayan conocido y/o participado de los tantos escándalos de corrupción, que existieron dentro de su gestión.
Desafortunadamente, este tipo de casos son comunes en nuestra sociedad, tanto en los exgestiones municipales como regional. La poca voluntad de la justicia para hacer un trabajo serio ha sido evidente. Son docenas de casos plagados de irregularidades y sin embargo, estos señores han sabido burlarse de la justicia sin que les caiga sanción alguna.
Como muestra tenemos que el fujimorismo ha salido con una nueva descabellada iniciativa, de proponer la reelección inmediata para alcaldes desde el 2022. La propuesta también podría contemplar a los gobernadores regionales. Los propulsores de este proyecto solo buscan entorpecer la renovación generacional de nuevos líderes políticos y utilizar el poder y recursos públicos a su alcance para reforzar sus campañas políticas en base al populismo.
Todo parece indicar que los actuales políticos no tienen ninguna intención de luchar contra la corrupción y solo pretenden seguir beneficiándose del poder. ¿Cuándo dejaremos esta pasividad?



