La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. N.° 289 pidió dejar sin efecto la resolución que autorizó el funcionamiento del colegio privado “Von Neumann – Crespo Castillo” y denunció ante la Fiscalía un presunto fraude procesal cometido durante el trámite de apertura del centro educativo. La entidad sostiene que la autorización otorgada en 2017 se habría obtenido con documentos que no cumplían los requisitos exigidos por la normativa educativa.
Presunto uso indebido de contrato para obtener autorización
Según la cooperativa, la empresa promotora Inversiones Comafe E.I.R.L., representada por Edward A. Mendoza V., habría presentado ante la Dirección Regional de Educación de Huánuco un contrato de arrendamiento que no la autorizaba a usar el local donde opera la institución educativa. La entidad denunciante afirma que el documento correspondía a un contrato suscrito entre la cooperativa y la Asociación Educativa ESCAT S.R.L., firmado en 2015 y con una cláusula que prohibía expresamente subarrendar o ceder el predio a terceros.
De acuerdo con la solicitud presentada, ese contrato habría sido utilizado para tramitar la Resolución Directoral Regional N.° 01928-2017, emitida “en vías de regularización”, lo que, según la cooperativa, habría inducido a error a los funcionarios encargados de evaluar la documentación.
Denuncia penal por fraude procesal ante el Ministerio Público
En paralelo, la cooperativa presentó una denuncia penal contra Edward Mendoza por el presunto delito de fraude procesal, señalando que la documentación presentada habría sido empleada para obtener una resolución administrativa contraria a la ley. La denuncia incluye como medios probatorios el contrato de arrendamiento, la resolución emitida por la DRE, oficios cursados a la autoridad educativa solicitando información sobre los documentos usados en el trámite, así como cartas notariales enviadas a la empresa promotora.
La entidad denunciante sostiene que el delito imputado sería de ejecución permanente, indicando que la autorización continúa vigente y, con ella, los efectos de la resolución que se cuestiona.
Cooperativa exige cierre del servicio educativo y desocupación del local
La Cooperativa señaló además que Inversiones Comafe E.I.R.L. no cuenta con contrato vigente para el uso del inmueble y que ya se ha requerido formalmente la desocupación del local a través de comunicaciones notariales. Indicó que la permanencia de la institución educativa en el predio afecta sus derechos como propietaria.
En su petición a la Dirección Regional de Educación, la cooperativa solicitó que se revise el procedimiento administrativo que culminó en la autorización del colegio y que, tras verificar los documentos presentados en 2017, se disponga el cierre del servicio educativo privado autorizado a la promotora.
Autoridades deberán evaluar pedidos administrativo y penal
Corresponde ahora a la Dirección Regional de Educación y al Ministerio Público determinar la procedencia de las acciones planteadas. La autoridad educativa deberá establecer si los documentos utilizados para obtener la autorización del colegio cumplieron con los requisitos legales, mientras que la Fiscalía deberá decidir si inicia diligencias preliminares por el presunto delito de fraude procesal atribuido al representante de la promotora.
La cooperativa reiteró que los hechos expuestos buscan recuperar la legalidad del procedimiento y el uso del predio, y que la permanencia del servicio educativo dependerá de la revisión administrativa y penal que realicen las autoridades competentes.
