Un análisis grafotécnico ha desatado una polémica sobre la autenticidad de las firmas de Dina Boluarte en documentos oficiales emitidos durante su postoperatorio por una rinoplastia. Según el perito Augusto Arbaiza, las firmas registradas en un decreto supremo muestran inconsistencias al compararlas con la firma registrada en el Reniec. Este caso, que ya está bajo investigación del Ministerio Público, plantea preguntas sobre un posible delito de falsificación de documentos en la más alta instancia del Ejecutivo.
El análisis del perito grafotécnico
Arbaiza presentó en el programa Ocurre Ahora las diferencias detectadas entre las firmas auténticas y las cuestionadas. En particular, señaló que la letra “D” de Dina, en las firmas registradas en un decreto del 8 de julio, tiene un trazo inicial curvo, en lugar de recto, como es característico en las firmas auténticas. “Estas divergencias nos permiten colegir que la firma en la resolución suprema con fecha 8 de julio no correspondería a su titular”, afirmó el perito.
La defensa de la presidenta
Ante estas acusaciones, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró que todos los documentos llevan la firma de la mandataria y descartó la existencia de falsificación. “No hay ninguna norma que obligue a la presidenta a informar al Congreso sobre un procedimiento quirúrgico. Además, la presidenta firmó 91 documentos entre decretos de urgencia, supremos y leyes promulgadas por puño y letra propia”, explicó Portugal.
Sin embargo, un informe de la revista Hildebrandt en sus Trece reveló que las firmas de otros documentos emitidos en la misma semana también presentan irregularidades, incluida una resolución que declaró el estado de emergencia en Moquegua por la actividad eruptiva del volcán Ubinas. Según el semanario, Boluarte habría participado virtualmente en esas decisiones desde su residencia en Surquillo, mientras estaba en recuperación.
Detalles del postoperatorio
Durante el periodo de recuperación, Dina Boluarte se sometió no solo a una rinoplastia, sino también a una blefaroplastia (cirugía de párpados), según la revista. La directora de prensa del Despacho Presidencial confirmó que la agenda de la mandataria estuvo en blanco por más de diez días, indicando una pausa en las actividades oficiales.
En una reciente comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alberto Otárola, ex primer ministro, confirmó que Boluarte se sometió a un procedimiento quirúrgico en junio. Sin embargo, subrayó que la presidenta se mantuvo en comunicación constante y participó en reuniones virtuales del Consejo de Ministros, destacando la falta de vicepresidentes en el país como un vacío legal que complicó la situación.
¿Quién firmó durante la recuperación?
La posibilidad de que alguien más haya firmado en nombre de la presidenta plantea preocupaciones legales. El exprocurador Daniel Soria explicó que, de confirmarse que un miembro del gabinete firmó documentos que requerían la rúbrica presidencial, se estaría configurando un caso de usurpación de funciones. “El presidente del Consejo de Ministros no forma parte de la línea de sucesión. Cualquier acto realizado en nombre de la presidenta mientras ella estaba incapacitada sería ilegal”, advirtió Soria en declaraciones a Infobae Perú.
Contexto político y jurídico
La controversia ocurre en un contexto en el que la presidenta ha enfrentado críticas constantes por parte de la oposición y la ciudadanía. La falta de claridad sobre las actividades presidenciales durante su recuperación ha alimentado teorías sobre la gestión del poder durante ese periodo.
Los informes grafológicos podrían ser clave para determinar si hubo o no falsificación de firmas. Por ahora, las autoridades deben establecer si las inconsistencias detectadas responden a diferencias naturales en la escritura o si efectivamente se trata de un delito.
Reflexión final
La situación plantea un desafío para el gobierno de Dina Boluarte, ya que pone en duda la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas durante su recuperación médica. Mientras las investigaciones avanzan, este caso deja al descubierto vacíos legales sobre cómo proceder en situaciones similares, especialmente en un país sin vicepresidentes en ejercicio que puedan asumir funciones temporales.
