El ministro de Educación, Morgan Quero, enfrenta dos denuncias penales ante el Ministerio Público por el presunto delito de discriminación, tras sus polémicas declaraciones en las que calificó como “ratas” a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. De acuerdo con RPP, estas acciones legales buscan esclarecer si sus palabras constituyen una violación a los principios de respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución peruana.
Detalles de las denuncias
La primera denuncia fue presentada por el abogado Javier Adrianzén, quien solicitó la intervención de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En el documento, Adrianzén argumenta que las declaraciones del ministro representan una conducta discriminatoria y un ataque a la dignidad de las personas fallecidas en las protestas sociales.
“En su calidad de titular de la acción penal contra altos funcionarios y a fin de evitar la impunidad del delito, formulo denuncia penal contra Morgan Niccolo Quero Gaime por la comisión del delito de discriminación, ilícito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, en agravio del Estado”, señala la denuncia presentada.
Por su parte, Ronald Atencio Sotomayor, líder del partido Voces del Pueblo (VP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía Suprema Penal, acusando al ministro no solo de discriminación, sino también de incitar a la misma. Atencio Sotomayor señaló que las palabras de Quero generan un clima de estigmatización hacia las víctimas y sus familias.
Contexto de las declaraciones
La polémica surgió durante una entrevista con Almendra Ruesta, periodista de La República, quien le preguntó al ministro por qué el Gobierno no había conmemorado a las víctimas fallecidas en la represión de diciembre de 2022 y principios de 2023. Como respuesta, Quero declaró: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas.”
El Ministerio de Educación intentó aclarar posteriormente que las palabras del ministro no se referían a las víctimas de las protestas, sino a violadores de menores de edad. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las críticas ni calmar la indignación de colectivos ciudadanos y familiares de las víctimas.
Al respecto, Almendra Ruesta detalló las circunstancias del incidente: “Al encontrarnos, el ministro me cuestiona que yo no le hice correctamente la pregunta; en esa línea, yo le indico que mi pregunta fue planteada con claridad,” señaló la periodista.
Pronunciamientos públicos
Organizaciones sociales, como la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho (ASFAH), han calificado las declaraciones de Quero como un acto ofensivo que agravia la memoria de las víctimas. “El ministro Morgan Quero menoscaba nuestra dignidad con sus palabras y vulnera los principios constitucionales de igualdad y respeto,” señaló la ASFAH en un comunicado.
Además, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) declaró a Quero persona no grata, exigiendo su renuncia inmediata y la apertura de una investigación exhaustiva para determinar las implicancias legales de sus declaraciones.
Implicancias legales y políticas
El delito de discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, contempla sanciones para quienes menoscaben la dignidad de las personas en base a criterios de raza, religión, condición económica, o cualquier otro motivo que atente contra los derechos fundamentales. Si se comprueba la culpabilidad del ministro, podría enfrentar penas de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Desde el ámbito político, este episodio agrava la crisis de legitimidad que enfrenta el Gobierno de Dina Boluarte, ya cuestionado por la gestión de las protestas sociales y las muertes ocurridas durante las mismas. Varios congresistas de oposición han pedido la destitución de Morgan Quero, argumentando que su permanencia en el cargo es insostenible.
Opinión de expertos
Para la analista política Rocío Silva Santisteban, las declaraciones de Quero reflejan un desconocimiento de los principios básicos de los derechos humanos y una insensibilidad hacia el contexto social del país. “Lo que dijo el ministro no solo es ofensivo, sino que profundiza la fractura entre el Gobierno y los sectores más afectados por la violencia estatal. Esto debería ser motivo suficiente para exigir su renuncia,” comentó.
En tanto, el abogado penalista César Azabache advirtió que la defensa de Quero podría centrarse en el contexto de sus declaraciones y en demostrar que no existió intención discriminatoria. “Sin embargo, es difícil justificar expresiones que denotan un claro menosprecio hacia un sector de la población, especialmente en un contexto tan delicado como el de las protestas sociales,” explicó.
Familiares de víctimas exigen justicia
El clamor por justicia no se ha hecho esperar. Los familiares de las víctimas exigen no solo una investigación exhaustiva, sino también que Quero asuma la responsabilidad política y moral por sus palabras. En ese sentido, han convocado a una marcha en Ayacucho el próximo 15 de diciembre, coincidiendo con el segundo aniversario de la represión que dejó múltiples fallecidos y heridos en la región.
“Exigimos respeto a la memoria de nuestros seres queridos y a nuestra lucha por justicia. Las palabras de Morgan Quero solo reabren nuestras heridas y demuestran la falta de empatía del Gobierno,” expresó un representante de ASFAH.
Un Gobierno en el ojo de la tormenta
El caso de Morgan Quero se suma a una serie de cuestionamientos hacia el gabinete ministerial de Dina Boluarte, en un momento en el que su gestión enfrenta una baja aprobación y una creciente desconfianza ciudadana. Este incidente podría tener repercusiones significativas no solo para el ministro de Educación, sino para la estabilidad del Gobierno en su conjunto.
El desenlace de las investigaciones determinará si Quero logra mantenerse en el cargo o si este escándalo marca el fin de su carrera política. Mientras tanto, la sociedad peruana sigue dividida, exigiendo justicia y una mayor responsabilidad por parte de sus autoridades.
