El comercio informal de medicamentos en Huánuco ha alcanzado niveles alarmantes. La Dirección Regional de Salud (Diresa) ha detectado que en cantinas, bodegas y tiendas improvisadas —muchas sin licencia ni control sanitario— se venden productos farmacéuticos vencidos, mal almacenados o sin registro sanitario, poniendo en riesgo directo la salud de la población.
La falta de vigilancia durante años ha generado un mercado paralelo de fármacos, especialmente en zonas rurales y periféricas. La comercialización de medicamentos fuera del circuito legal no solo infringe la normativa sanitaria vigente, sino que además representa una amenaza directa para miles de ciudadanos, quienes muchas veces desconocen que están consumiendo productos caducados o deteriorados por condiciones de almacenamiento inadecuadas.
Desde la Diresa se ha informado que se ha iniciado un proceso de fiscalización exhaustiva, con el fin de identificar y sancionar a los establecimientos que expenden productos sin autorización. Las intervenciones se concentran, principalmente, en pequeños comercios y cantinas que operan sin licencia y que, además de bebidas alcohólicas, ofrecen medicinas como si fueran productos de libre venta.
Según informaron fuentes de la entidad, el objetivo no es únicamente sancionar, sino generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de verificar el estado y procedencia de los medicamentos. Un producto vencido o adulterado puede agravar una enfermedad o generar reacciones adversas, en lugar de aliviar los síntomas para los que fue adquirido.
Esta iniciativa, aunque tardía, es considerada necesaria por diversos sectores de salud pública, ya que por años se toleró un comercio sin regulación en zonas donde el acceso a farmacias formales es limitado. La supervisión, indican desde la Diresa, incluirá capacitaciones a los comerciantes formales para fortalecer el control sanitario en sus puntos de venta.
La venta ilegal de medicamentos no es un fenómeno nuevo, pero su crecimiento ha sido desmedido. El Estado, a través de sus instituciones, tiene la responsabilidad de proteger a la población, y la ciudadanía debe estar informada y empoderada para exigir condiciones seguras.
Desde esta tribuna, saludamos la decisión de intensificar los controles y pedimos que esta campaña de fiscalización no sea una medida aislada, sino parte de una política permanente de vigilancia, educación y prevención en salud pública.
