El Ministerio de Educación (Minedu) se encuentra nuevamente bajo escrutinio público tras la revelación de una presunta contratación irregular que involucra a personas cercanas al entorno personal del ministro Morgan Quero. Una investigación difundida por el programa Cuarto Poder, de América Televisión, reveló que Jhoany Yomona, hija del sastre personal del ministro, obtuvo contratos dentro de la cartera de Educación a pesar de no haber concluido sus estudios universitarios ni contar con un título profesional habilitante.
Según la información presentada, Jhoany Yomona fue contratada en el Minedu tan solo quince días después de una visita que su padre, Pedro Yomona, hiciera al despacho del ministro Quero, en la que solicitó una oportunidad laboral para su hija.
Pedro Yomona, sastre con una amplia trayectoria confeccionando prendas para altos funcionarios del Estado, relató que el encuentro con el ministro tuvo un propósito directo: “Ah, sí. Una vez [lo visité en su despacho] pidiéndole un favor al ministro para que (mi hija) ingrese a trabajar. Para que vea si hay posibilidades de trabajo”, declaró a Cuarto Poder.
En ese diálogo, Morgan Quero habría preguntado si la joven contaba con un título profesional. Ante la respuesta negativa, se le ofreció una plaza auxiliar. Así, Jhoany Yomona comenzó a desempeñar funciones en el área de asistencia técnica administrativa, donde se le encomendó realizar trámites documentarios y atención al público. Sus primeras funciones no requerían título universitario, lo cual fue el fundamento legal utilizado para justificar su contratación.
Contratos acumulados superan los S/22 mil
El primer contrato de Jhoany Yomona en el Minedu, fechado en junio de 2024, fue por S/9.600, lo que implicaba una remuneración mensual de S/3.200. Desde entonces, ha recibido varias órdenes de servicio adicionales, alcanzando un total superior a los S/22.000 en menos de un año.
Esta situación ha generado cuestionamientos públicos respecto al cumplimiento de los principios de meritocracia y transparencia en la administración pública. ¿Es legítimo que una estudiante universitaria acceda a contratos estatales sin concurso público, en función de una relación personal de su padre con un ministro de Estado?
Segunda hija también contratada por el Estado
El caso de Jhoany no es un hecho aislado. Su hermana, Melanie Yomona, también ha sido beneficiada con contratos en el sector público. En agosto de 2022, obtuvo una orden de servicio por S/9.000 con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posteriormente, estos contratos fueron renovados dos veces en 2023.
Estos vínculos entre los familiares del sastre Pedro Yomona y distintas entidades del Estado han alimentado las sospechas de una posible red de favores dentro del aparato estatal, en la que la cercanía con funcionarios de alto nivel se convierte en un canal privilegiado de acceso a oportunidades laborales.
El sastre que viste al poder
Pedro Yomona no es un personaje anónimo dentro de los pasillos del poder. Su nombre es conocido en los círculos políticos por haber vestido a ministros, asesores e incluso al hijo de la presidenta Dina Boluarte.
“Confeccioné cuatro trajes para Juan José Santiváñez [exministro del Interior]”, declaró Yomona. Además, también diseñó un traje para David Gómez Boluarte, hijo mayor de la mandataria y diplomático de carrera. Estas conexiones evidencian que el sastre ha mantenido relaciones cercanas con altos niveles del Ejecutivo.
Aunque en sí mismas estas relaciones no constituyen una falta legal, generan dudas sobre posibles conflictos de interés, especialmente cuando los familiares de personas con acceso a despachos ministeriales terminan beneficiados con contratos públicos.
Defensa institucional y renuncia voluntaria
Frente al escándalo mediático, el Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial en el que defendió la contratación de Jhoany Yomona. Según el documento, su incorporación fue solicitada por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, y “cumplió con los requisitos para el cargo designado”.
La cartera de Educación indicó que se trató de un contrato que no exigía título profesional y que los procedimientos seguidos se ajustaron a las normas internas.
No obstante, el domingo 23 de marzo, Jhoany Yomona presentó su renuncia alegando “razones personales para salvaguardar su tranquilidad y la de su familia”. Esta renuncia, aunque voluntaria, ha sido interpretada por diversos sectores como una respuesta a la presión mediática y política derivada del cuestionamiento público.
Implicancias más allá del caso individual
Este caso pone de relieve una problemática más amplia en la administración pública peruana: la falta de mecanismos eficaces para evitar el favoritismo y garantizar procesos de contratación verdaderamente transparentes y basados en méritos.
Aunque el Estado establece normativas claras para las contrataciones, los casos como el de Jhoany Yomona evidencian que la cercanía con el poder político puede abrir puertas que para otros permanecen cerradas, aún si el expediente técnico cumple formalmente con los requisitos mínimos.
La discusión pública gira en torno a la necesidad de revisar los sistemas de control y supervisión de las contrataciones en entidades del Estado. También se han levantado voces solicitando que la Contraloría General de la República intervenga para realizar una auditoría independiente y verificar si se han vulnerado principios de la función pública.
Por su parte, el ministro Morgan Quero no ha emitido declaraciones directas tras la difusión del reportaje, pero en intervenciones anteriores ha señalado que “las contrataciones deben ser técnicas, no personales”, afirmación que hoy se ve cuestionada por los hechos revelados.
La controversia sigue abierta, y se espera que las autoridades correspondientes determinen si existió alguna infracción administrativa o si se trató de un simple aprovechamiento de oportunidades dentro del margen legal, aunque éticamente cuestionable.
