La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación sobre las contrataciones en el Congreso de la República durante los períodos legislativos 2021-2024, tras el escándalo de la presunta red de prostitución dentro del Parlamento. El objetivo de esta indagación es identificar posibles irregularidades en la designación de personal, especialmente en plazas vinculadas a Alianza para el Progreso (APP), partido implicado en la polémica por la contratación de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
Auditorio en marcha
La entidad fiscalizadora busca determinar si se cometieron irregularidades en las contrataciones y si estas podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales. Como parte del proceso, se revisará la cantidad de trabajadores contratados, sus funciones y posibles conexiones con partidos políticos o autoridades.
El auditor general del Congreso, Fernando Rosales, informó el pasado 10 de marzo al alcalde oficial del Legislativo, Giovanni Forno, sobre el inicio del Servicio de Recopilación de Información. Este proceso estará a cargo de los abogados Gustavo Ramos Vásquez y Gherson Sarmiento Toledo, quienes analizarán la legalidad de las contrataciones.
Captura de oficinas por partidos políticos
En medio de la controversia, se ha identificado que al menos 16 oficinas del Congreso han sido ocupadas por militantes o allegados a partidos como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País.
- Fuerza Popular lidera la lista con 6 oficinas controladas.
- Alianza para el Progreso (APP) ha designado personal en 4 oficinas.
- Perú Libre ocupa 2 oficinas, al igual que Avanza País.
- Somos Perú y Podemos Perú tienen 1 oficina cada uno.
Caso Jorge Torres Saravia
Uno de los casos más relevantes en esta investigación es el de Jorge Torres Saravia, quien asumió el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional el 2 de agosto de 2023, durante la presidencia legislativa de Alejandro Soto (APP). Según sus propias declaraciones, Torres Saravia llegó al puesto tras presentar su currículum a Giovanni Forno, aunque este último asegura no recordar quién le entregó el documento.
Torres Saravia, junto a Andrea Vidal Gómez (abogada asesinada en febrero), habría promovido la contratación de mujeres a quienes posteriormente se le habrían sugerido favores sexuales a cambio de mantener sus puestos. Quienes se negaban, eran despedidas.
Investigación sobre Isabel Cajo
Otro caso bajo la lupa de la Contraloría es el de Isabel Cajo, quien también trabajó en la oficina de Torres Saravia. Durante la gestión de Alejandro Soto, se autorizó su traslado del área de Bienes a la Oficina Legal y Constitucional.
Ante estos hechos, la Contraloría comenzará con la auditoría para aclarar las responsabilidades y determinar las posibles sanciones a los involucrados en las presuntas irregularidades dentro del Congreso.
