La Contraloría General de la República se pronunció sobre el informe que exoneró a la presidenta Dina Boluarte de un presunto desbalance patrimonial, asegurando que el proceso de fiscalización se llevó a cabo con imparcialidad y transparencia, bajo el marco normativo vigente. Además, enfatizó que la investigación de eventuales responsabilidades corresponde al Ministerio Público, con el cual está dispuesta a colaborar.
Pronunciamiento de la Contraloría
A través de un comunicado publicado el 17 de febrero, la Contraloría reafirmó su compromiso con la fiscalización del uso de recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Este pronunciamiento se dio luego de que el programa Cuarto Poder revelara que Vanessa Walde Ortega, funcionaria que firmó el informe exonerando a Boluarte, se encuentra fuera del país desde enero de 2025 pero sigue recibiendo su salario.
El informe, encabezado por César Aguilar Surichaqui, contradice las observaciones previas de la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectaron cuentas bancarias no declaradas y un incremento patrimonial de S/ 58,699.97 sin un origen claro.
La Contraloría defendió su labor asegurando que la auditoría abarcó los años 2022 y 2023, con un proceso realizado entre marzo y octubre de 2024. Además, enfatizó que la permanencia del equipo auditor garantizó la objetividad de los resultados.
El reportaje de Cuarto Poder expuso contradicciones en la versión oficial. Se señala que la ausencia de Walde Ortega contradice la afirmación sobre la continuidad del equipo auditor, y que, tras la llegada de César Aguilar Surichaqui como contralor, se produjeron cambios en el personal, reemplazando a fiscalizadores experimentados con nuevos funcionarios.
Colaboración con la Fiscalía
En su comunicado, la Contraloría reiteró que la investigación sobre la presidenta Boluarte es competencia del Ministerio Público, y que no emitirá pronunciamientos sobre el fondo del asunto para no afectar el proceso en curso.
Finalmente, la Contraloría aseguró que ha remitido toda la información requerida por la Fiscalía y que está plenamente dispuesta a colaborar con la investigación cuando se le solicite.
