La pugna en la Fiscalía de la Nación ha escalado a un nuevo nivel. Luego de que Delia Espinoza solicitara al Congreso que se reabra una denuncia constitucional en su contra, la exfiscal Patricia Benavides respondió con un contraataque directo: una denuncia constitucional para inhabilitarla por 10 años.
La defensa de Benavides, encabezada por Juan Peña, acusa a Espinoza de infracción constitucional, abuso de autoridad y prevaricato.
Según el documento presentado, la actual fiscal de la Nación no habría acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Benavides, y además habría actuado con un proceder “humillante y denigrante”.
“Solicito una sanción ejemplar”, señala la denuncia, que pide tanto juicio político como antejuicio, con el objetivo de que Espinoza sea acusada ante la Corte Suprema y apartada de toda función pública por una década.
La tensión se produce en medio de un contexto de alta conflictividad institucional: Espinoza presentó en junio la denuncia constitucional N.° 602 contra Benavides, acusándola de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento en el marco del caso Los Cuellos Blancos. Sin embargo, esta fue rechazada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que era la sexta denuncia que intentaba impulsar contra su antecesora.
El enfrentamiento entre ambas fiscales refleja una guerra abierta en la cúpula del Ministerio Público, donde cada movimiento se libra no solo en los tribunales y el Congreso, sino también en la opinión pública.
La denuncia en cuestión fue presentada por Espinoza el 12 de junio de este 2025 en contra de su antecesora Patricia Benavides por los supuestos delitos de cohecho pasivo especifico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, en el marco de supuestas acciones ilícitas para el nombramiento y destituciones de fiscales del Equipo Especial avocado al caso Los Cuellos Blancos.
Antes de esta, la fiscal de la nación había presentado ante el Congreso otras cinco denuncias constitucionales y ninguna de ellas fue agendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por la congresista apepista María Acuña. Pese a ello, el 25 de julio se debatió el informe de calificación que proponía admitir a trámite la última denuncia (N°602) presentada por Espinoza. La misma fue rechazada con seis votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
