Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC) denuncia un deterioro progresivo del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos
La Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC) emitió este 16 de junio un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por lo que consideran un deterioro progresivo del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos en el país. El documento cuestiona con firmeza recientes decisiones del Congreso y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a las que atribuyen impactos negativos en la lucha contra el crimen organizado.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el rechazo al Proyecto de Ley N.° 7549/2023-CR, aprobado en primera votación, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Para la SPC, esta ley representa un “grave incumplimiento” de los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos, al eximir de responsabilidad a personas investigadas por violaciones graves. Además, advierten que se trata de una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La organización también criticó un paquete de normas legislativas que, según indicaron, limitan la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Entre las más cuestionadas está la Ley N.º 32108, que reduce el alcance de la persecución penal por crimen organizado al excluir delitos cuya pena no supera los seis años, como la trata de personas o la corrupción de funcionarios. Asimismo, se señala la Ley N.º 31990, que limita los plazos de la colaboración eficaz; la Ley N.º 32054, que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos; y la Ley N.º 32326, que debilita el mecanismo de extinción de dominio.
En su pronunciamiento, la SPC también manifestó su desacuerdo con la decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, a pesar de las investigaciones abiertas en su contra. Según el gremio, esta medida vulnera el artículo 158° de la Constitución, que atribuye al Pleno de la Junta de Fiscales Supremos la designación del titular del Ministerio Público, y señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento seguido por la JNJ.
