La confirmación de Huánuco como sede del IX Consejo de Estado Regional (CER), prevista para el 10 y 11 de noviembre, representa una vitrina nacional para la región. Sin embargo, más allá del simbolismo político y el despliegue protocolar, la verdadera trascendencia de este evento dependerá de su capacidad para articular soluciones concretas frente a las brechas históricas que aquejan a la población.
Desde el Ejecutivo se ha anunciado que el encuentro contará con la presencia de ministros, gobernadores y equipos técnicos, con una agenda centrada en salud, educación, infraestructura y reactivación económica. El presidente del Consejo de Ministros, José Jerí Ore, encabezará la delegación central, mientras que los 25 gobernadores regionales —incluido el anfitrión Antonio Pulgar Lucas— estarán encargados de presentar sus prioridades territoriales.
Según manifestó el gobernador Pulgar, el CER constituye una “oportunidad histórica” para visibilizar proyectos clave para Huánuco, como el megaproyecto ferroviario Brasil–Ucayali–Huánuco–Chancay y el asfaltado de tramos carreteros de integración regional. También se han puesto sobre la mesa demandas como el Hospital de Alta Complejidad de EsSalud en Santa María del Valle y la mejora de vías productivas del Alto Huallaga. No obstante, hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no ha confirmado plazos ni financiamiento concreto para ninguna de estas iniciativas.
La experiencia reciente impone una dosis de cautela. La región ha sido escenario de múltiples anuncios sin ejecución, y el creciente malestar ciudadano —expresado en paros como el convocado en Pachitea por abandono de obras— revela que el descrédito institucional ya no admite más promesas vacías.
De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, el CER busca generar una “agenda común” entre el gobierno central y los subnacionales, orientada al cierre de brechas. Sin embargo, la utilidad de este espacio dependerá de su capacidad para traducir el diálogo en compromisos verificables.
En un contexto donde la ejecución presupuestal en la región Huánuco sigue por debajo del promedio nacional, y donde obras emblemáticas permanecen paralizadas por causas administrativas o falta de voluntad política, el desafío no está en anunciar más proyectos, sino en asegurar su concreción. El riesgo de que el CER se convierta en una vitrina discursiva —más que en una plataforma de acción— es real y debe evitarse a toda costa.
Los gobiernos regionales, incluyendo el de Huánuco, deben asumir su parte de responsabilidad: la baja ejecución del Procompite, la precariedad del sistema hospitalario y los proyectos estancados reflejan también una gestión con debilidades internas. El Consejo debe servir para exigirle al Ejecutivo una mayor equidad territorial, pero también para que los gobiernos subnacionales rindan cuentas de sus propios compromisos.
