El consejero regional de Huánuco, Olchese Tarazona, advirtió que los presuntos casos de corrupción en el Gobierno Regional habrían aumentado de forma preocupante durante la actual administración del gobernador Antonio Pulgar.
Señaló que estos indicios estarían presentes en distintas áreas del Ejecutivo regional y reflejarían —según su opinión— una falta de voluntad política del mandatario para enfrentar el problema con firmeza.
“En vez de asumir su responsabilidad, el gobernador insiste en justificaciones y excusas, pero eso no lo deslinda de lo que ocurre dentro de su gestión”, manifestó Tarazona. Aseguró también que los señalamientos en torno a contrataciones, procesos administrativos y supervisión interna ya no serían hechos aislados, sino parte de una percepción generalizada de deterioro institucional.
En ese sentido, el consejero remarcó que su rol no es el de obstruir, sino cumplir con la función constitucional de fiscalización. “Nosotros no hemos sido elegidos para agradar al gobernador, sino para fiscalizar. Esa es nuestra principal tarea”, sostuvo, al referirse al distanciamiento entre el Ejecutivo regional y los consejeros de oposición.
“La gestión podría terminar mal”
El consejero regional recordó los antecedentes judiciales que enfrentaron exgobernadores en Huánuco, y afirmó que la actual gestión podría correr la misma suerte. “Así como va, no creo que esta gestión termine bien. Tal vez las consecuencias no se vean hoy, pero en el mediano plazo sí habrá problemas. Hay investigaciones fiscales abiertas y los temas que se investigan son bastante serios”, expresó.
Tarazona también trazó un paralelo con casos a nivel nacional. “En el Perú hemos visto presidentes terminar presos. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con autoridades regionales?”, cuestionó en referencia a la posibilidad de que el gobernador Pulgar o sus funcionarios puedan enfrentar eventuales procesos penales.
Creación de comisión investigadora
En otro momento de la entrevista, Tarazona manifestó que el Consejo Regional debería considerar la conformación de una comisión investigadora que revise los presuntos actos irregulares registrados durante esta gestión.
Afirmó que de no promoverse esta iniciativa, se corre el riesgo de que el órgano colegiado quede deslegitimado ante la ciudadanía.
“Si el presidente del Consejo no permite la formación de una comisión investigadora, eso podría interpretarse como un intento de encubrimiento. Debilitar la fiscalización institucional solo alimenta la desconfianza”, declaró. También señaló que no se trata de hacer una persecución política, sino de ejercer funciones con base en la ley.
El dato
Tarazona lamentó además que no exista coordinación ni diálogo entre el Ejecutivo regional y los consejeros que no forman parte de la mayoría oficialista. “Estamos completamente al margen. No hay canales de diálogo ni coordinación, y eso limita el control institucional”, indicó.
