El consejero regional por la provincia de Huánuco, Olchese Tarazona, afirmó que varias comisiones del Consejo Regional de Huánuco, creadas con fines específicos de fiscalización, no lograron cumplir sus objetivos debido a la falta de especialistas y asesores técnicos, pese a que —según sostuvo— el año pasado se asignó un 1% del presupuesto regional, monto que superaría casi un millón de soles destinado a fortalecer la función fiscalizadora.
De acuerdo con sus declaraciones, la Comisión de Recursos Naturales, la comisión investigadora de la obra vinculada a Walker Soberón, así como la comisión que supervisa la carretera Codo–Higueras–Codo y el estadio de Huamalíes, se habrían visto limitadas durante todo el año por no contar con profesionales que respalden técnicamente las labores de los consejeros.
Tarazona sostuvo que, en la práctica, estas comisiones solicitaban especialistas para investigaciones y supervisiones, pero que tales pedidos no habrían sido atendidos. Según su versión, la situación debilitó el trabajo fiscalizador y dejó varios procesos sin avances relevantes. En ese contexto, señaló que el presupuesto asignado no se habría ejecutado, no por ausencia de fondos, sino por falta de decisión administrativa.
Comisiones sin soporte técnico
Al detallar casos específicos, Olchese Tarazona indicó que la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el consejero Dante de la provincia de Marañón, no habría podido avanzar en sus indagaciones vinculadas a presuntos casos de minería ilegal, tala ilegal y contaminación de recursos hídricos, debido a la falta de profesionales especializados.
Asimismo, el consejero regional sostuvo que la comisión encargada de investigar la obra vinculada a Walker Soberón, instalada desde agosto, habría tenido que ampliar su plazo inicial en repetidas ocasiones porque —según dijo— tampoco se contrató al personal técnico solicitado para realizar análisis y procesamiento de información.
De igual manera, mencionó que otras comisiones relacionadas con obras y proyectos, como la que evalúa la carretera Codo–Higueras–Codo y el estadio de Huamalíes, también se habrían visto afectadas por la ausencia de especialistas que contribuyan con informes, visitas técnicas y sustento documental.
En opinión de Tarazona, esto generó un retraso institucional que impidió que las comisiones cumplan el propósito para el cual fueron creadas, situación que, según señaló, repercute directamente en la capacidad del Consejo Regional para fiscalizar el uso de recursos públicos y el avance de obras.
Presupuesto “está ahí”, pero no se gasta
En otro momento, Olchese Tarazona afirmó que el presupuesto destinado a fiscalización no fue utilizado, pese a estar disponible. Según sostuvo, el problema radica en que esos fondos son administrados directamente por el Ejecutivo del Gobierno Regional, a través de sus funcionarios, y no por los consejeros.
Tarazona explicó que, dentro del procedimiento, los consejeros y sus comisiones formulan requerimientos para contratar especialistas que los apoyen en la fiscalización; sin embargo, afirmó que el Ejecutivo no habría cumplido con dotarlos de esos profesionales. En esa línea, sostuvo que el Consejo Regional queda en una posición limitada, ya que depende de la aprobación del Ejecutivo para ejecutar el gasto.
El consejero consideró que este diseño genera una contradicción: según su comparación, sería como si el Consejo Regional tuviera que solicitar al gobernador que contrate especialistas para que fiscalicen precisamente su gestión. Para Tarazona, esa dinámica debilitaría la independencia de la función fiscalizadora y explicaría por qué el presupuesto asignado termina sin ejecución.
Cuello de botella
Olchese Tarazona citó una directiva de la Contraloría General de la República (Directiva 01) para señalar que, ante la falta de atención oportuna del Ejecutivo a los requerimientos del Consejo Regional, el Secretario General del Consejo Regional debería informar a la Contraloría para que se inicien acciones legales o sancionatorias contra los responsables. Sin embargo, afirmó que “al parecer esto no ha sucedido”, motivo por el cual —según dijo— la situación se mantuvo durante todo el año pasado.
En ese marco, el consejero sostuvo que existe un “cuello de botella” que obstaculiza la fiscalización regional y atribuyó ese bloqueo al Ejecutivo. Señaló que las quejas recurrentes de los consejeros y de sus comisiones han girado, principalmente, en torno a la falta de contratación oportuna de profesionales para acompañar investigaciones y supervisiones.
Finalmente, Tarazona advirtió que el 2026, al ser el último año de gestión y un periodo “marcadamente electoral”, genera incertidumbre respecto a si el Ejecutivo permitirá que se ejecute el presupuesto fiscalizador. Según sostuvo, si no se atendió este tema en años anteriores, resulta incierto que se resuelva en un escenario de alta presión política.
