El consejero regional por la provincia de Leoncio Prado, Manuel Rosales García, reafirmó su rechazo a cualquier intervención minera en la zona del Alto Huallaga, argumentando que dicha actividad representa una amenaza directa para el modelo agropecuario y turístico que sostiene la economía local. En declaraciones a medios locales, Rosales indicó que los diez alcaldes distritales de la provincia, junto al alcalde provincial Max Fuentes Reynoso, han ratificado ordenanzas municipales que prohíben expresamente la actividad minera en sus jurisdicciones.
Según el consejero, Leoncio Prado ha sido históricamente reconocida como una provincia agrícola, sin zonificación minera, y los intentos de introducir concesiones vulneran no solo el ecosistema, sino también la voluntad popular. “Desde 2023 existe un acuerdo del Consejo Regional para impedir que se otorguen trámites mineros en esta zona”, recordó.
Rosales también advirtió que no se ha cumplido con la consulta previa a las poblaciones potencialmente afectadas, y cuestionó que las decisiones sobre los proyectos extractivos se tomen desde Lima, sin escuchar a las autoridades ni a las bases sociales locales. “La Dirección Regional de Minas actúa como una simple mesa de partes, cuando el impacto de estas decisiones afecta a toda la región”, declaró.
Comunidad de Vista Alegre: “Sí al estudio minero, no al discurso impuesto”
Sin embargo, la visión expresada por el consejero no es compartida por todos los actores en el territorio. La comunidad de Santa Rosa de Vista Alegre, perteneciente al distrito de Hermilio Valdizán, emitió un pronunciamiento formal en el que respaldan el proyecto de exploración “DIA Valiente”, impulsado por la empresa Hannan Resources Perú. En el documento dirigido al gobernador regional, los comuneros afirman haber otorgado licencia social al estudio, tras talleres informativos y coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas y otros organismos técnicos.
“Somos propietarios de nuestras tierras, y no permitiremos que frentes de defensa no representativos nos impongan decisiones”, se lee en el pronunciamiento. La comunidad cuestionó directamente al Frente de Defensa de los Intereses de Leoncio Prado, al que señalan por actuar sin elecciones ni representación legítima.
Los pobladores de Vista Alegre consideran que el proyecto podría representar una oportunidad para atender históricas carencias en infraestructura, salud, educación y saneamiento. Además, señalaron que una minería formal y fiscalizada podría prevenir el ingreso de operadores ilegales a la zona.
