Consejero Manuel Rosales advierte “peligroso” incremento de minería ilegal en Alto Alianza, José Crespo y Castillo

El consejero regional por la provincia de Leoncio Prado, Manuel Rosales, advirtió que la minería ilegal se habría incrementado en el sector Alto Alianza, ubicado en el distrito de José Crespo y Castillo, precisando que se trataría de una zona cercana a los límites entre Huacaybamba y Marañón. Según manifestó, en dicho lugar se habría registrado una intervención importante por parte de la Policía Fiscal, acción que calificó como “de aplaudir”.

Rosales señaló que en esta intervención se habría registrado la detención de personas vinculadas a la actividad minera ilegal y que incluso se habría procedido con la destrucción o quema de maquinaria utilizada en la zona. Si bien el consejero indicó que no quisiera que se quemen equipos, resaltó que la intervención reflejaría un rechazo firme contra la minería ilegal.

Plan de acción regional

Rosales insistió en que el nuevo director de Energía y Minas debe exponer un plan de acción regional y explicar los antecedentes ocurridos en diversas zonas de Leoncio Prado. Según dijo, se requiere información sobre casos registrados en José Crespo y Castillo, en el río Magdalena, así como en distritos y caseríos como Santa Rosa y Alto Alianza.

Asimismo, el consejero expresó que busca conocer qué riesgos podrían presentarse a futuro en sectores como Hermilio Valdizán, por lo que considera necesario que el director presente un informe completo ante el consejo regional. Consultado sobre la posibilidad de declarar emergencia, Rosales sostuvo que el funcionario debe brindar mayor información, ya que “debe tener más informe” que el suyo.

Afirmó que este problema debe abordarse de manera articulada con la Policía Fiscal, destacando que se trataría de un problema de carácter nacional. Según Rosales, el Ministerio de Energía y Minas debería rechazar tajantemente la minería en Leoncio Prado, argumentando que la provincia no estaría zonificada como territorio minero, sino como zona agropecuaria y turística.

En ese sentido, sostuvo que existe una posición unificada de las autoridades locales en contra de toda actividad minera. Según declaró, en el año 2025 los diez alcaldes distritales de Leoncio Prado, junto al alcalde provincial, habrían solicitado un consenso y posteriormente presentado un acuerdo de consejo mediante el cual rechazan “la minería en la provincia”, tanto en su modalidad legal como ilegal.
160 mil turistas durante el 2025

El consejero regional indicó que una de las principales razones para defender el turismo es el crecimiento de visitantes en la provincia. Según afirmó, durante el año 2025 Leoncio Prado habría recibido 160 mil turistas, cifra que —de acuerdo con su versión— impulsa a las autoridades a fortalecer esta actividad como alternativa económica sostenible.

Rosales señaló que la provincia viene promoviendo el turismo “más allá por la pacificación”, y que se busca incrementar la llegada de visitantes, considerando que Leoncio Prado cuenta con diversos atractivos naturales. En esa línea, mencionó que se está trabajando para posicionar a la provincia como un referente del turismo ecológico, resaltando la biodiversidad y los espacios naturales como cataratas y cuevas.

Conflictos en Santo Domingo de Anda

En otro momento, Manuel Rosales manifestó que en los últimos meses se han presentado dificultades en el sector de Santo Domingo de Anda, donde —según relató— una empresa habría sido rechazada por la población. Consultado sobre el nombre de dicha empresa, el consejero respondió que “creo que era Huallaga, no sé cuál era”, señalando que ya habría sido retirada del lugar.

Asimismo, expresó preocupación porque, según su versión, “ha vuelto la persona” vinculada a ese hecho, por lo que solicitó al nuevo director regional de Energía y Minas que brinde un informe detallado sobre la situación. Rosales sostuvo que su pedido busca conocer con precisión qué acciones se vienen tomando en la región frente a este tipo de conflictos.

El entrevistado señaló que este tema no solo debería ser informado a él, sino a los 20 consejeros regionales, pues considera que se trata de un problema regional y no únicamente provincial.