El consejero delegado Ricardo Prado se pronunció sobre la situación legal que afronta la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco, institución que, de acuerdo con sus declaraciones, tendría una orden de desalojo vinculada a la disputa por el local donde actualmente funciona. Según indicó, se trataría de un problema “heredado” de varias décadas y sostuvo que la coyuntura actual sería consecuencia de decisiones y omisiones de gestiones anteriores.
Prado señaló que el conflicto judicial se mantiene con la Beneficencia, entidad con la que —según su versión— DIRESA sostiene una controversia por la posesión o uso del inmueble. En ese marco, el consejero afirmó que el proceso habría llegado a un punto crítico debido a que existirían acciones inmediatas orientadas al desalojo y que el escenario generaría preocupación por el impacto en el sector sanitario.
De acuerdo con Ricardo Prado, el problema que hoy afronta la DIRESA tendría como causa principal la “desidia” de autoridades anteriores, quienes —según afirmó— no habrían realizado los procedimientos legales que correspondían conforme a la norma para asegurar la situación del inmueble. En su opinión, la falta de acciones oportunas en su momento habría provocado que actualmente los resultados sean “adversos” para la institución de salud.
El consejero sostuvo que este tema fue abordado en mesas técnicas de trabajo y que el asunto se considera “bastante crítico” para la región. Añadió que el sindicato del sector habría remitido documentos al Consejo Regional, con el fin de alertar sobre la situación y solicitar acciones que permitan resguardar el trabajo del personal sanitario.
Prado remarcó que, en su interpretación, el escenario no solo compromete a la institución, sino que podría afectar la continuidad de funciones vinculadas al sistema regional de salud.
Ricardo Prado afirmó que ya existiría una orden de desalojo y que, según lo que indicó en la entrevista, el plazo otorgado por el Poder Judicial para dejar las instalaciones estaría por cumplirse esta semana. En ese sentido, sostuvo que el impacto principal recaería en la población usuaria, indicando que el eventual desalojo perjudicaría a cientos de pacientes en Huánuco, debido a la afectación en la prestación de servicios.
Ante la consulta sobre si aún se puede hacer algo para evitar el retiro, Prado sostuvo que, por encima de todo, debe priorizarse la salud del pueblo y la continuidad de la entidad que, según dijo, vela por la atención integral en la región. También expresó que, si se plantea recuperar o mantener los ambientes, se debe evaluar la utilidad y urgencia que se requiere, considerando lo que —según señaló— sería la postura de la Beneficencia.
El consejero delegado indicó que el Consejo Regional buscará articular con diversos sectores para abordar el tema de manera conjunta. Señaló que el caso debe tratarse “con pinza”, dada su sensibilidad y el riesgo de afectar servicios de salud. En esa línea, manifestó que se solicitaría información detallada al Director Regional de Salud, a fin de conocer el estado situacional y evaluar qué acciones podrían emprenderse en el marco de sus competencias.
Asimismo, Prado sostuvo que el problema, en su perspectiva, no sería exclusivo de Huánuco, ya que —según afirmó— se trataría de un tema que también se presenta a nivel nacional y que habría sido elevado al Ejecutivo y al Legislativo para promover políticas públicas. Sin embargo, señaló que hasta la fecha no se habrían concretado medidas, lo que —según expresó— habría agravado el escenario actual.
