El consejero regional Olchese Tarazona manifestó que el uso del complejo deportivo de Paucarbamba para el evento Viva Huánuco Fest 2025 podría configurar el delito de negociación incompatible contra los promotores bailables.
Según indicó, este tipo de ilícito se presenta cuando un funcionario público actúa de manera indebida para favorecer a terceros ajenos a la administración, lo que, a su juicio, debería ser materia de investigación por parte de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Huánuco.
Tarazona explicó que, de acuerdo con la información difundida en medios y lo observado en la organización del evento, existirían elementos que ameritarían la intervención de organismos de control. Señaló que la Contraloría General de la República ya habría iniciado acciones a través de su oficina de control interno, y que también existirían denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
CUESTIONAMIENTOS
El consejero cuestionó la forma en que se otorgaron los permisos para el uso del complejo, describiéndola como “poco clara, poco transparente e inusual”. Indicó que en este proceso intervinieron tanto el gobierno regional como la prefectura, lo que, según su declaración, genera dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos internos.
Además, Tarazona afirmó que el hijo del gobernador habría sido uno de los principales promotores del evento, utilizando redes sociales como Facebook y TikTok para su difusión.
Aclaró que, aunque no existe aún un pronunciamiento judicial sobre su participación, la sola vinculación de un familiar directo con un bien público utilizado para un evento privado constituye, en su opinión, un factor que debe ser evaluado por las autoridades competentes.
El consejero también sostuvo que no solo el gobernador, sino también gerentes y directores que autorizaron el uso del complejo, tendrían que rendir cuentas si se confirma que se actuó al margen de la normativa.
¿SANCIONES ADMINISTRATIVAS?
En sus declaraciones, Tarazona mencionó que la Contraloría habría tenido dificultades para ingresar a las instalaciones durante el evento, y que una periodista local también habría sido impedida de acceder. A su juicio, estos hechos incrementan las sospechas sobre la falta de transparencia en el desarrollo de la actividad.
El consejero también hizo referencia a cuestionamientos sobre el aforo permitido, indicando que si se comprueba que la capacidad autorizada fue superada, correspondería aplicar sanciones administrativas a los organizadores. Añadió que estos aspectos forman parte de las diligencias que, según él, deberían realizar tanto la Fiscalía como la Contraloría.
Tarazona expresó que, más allá del caso específico, es necesario que los familiares del gobernador regional y de otros funcionarios eviten involucrarse en actividades que puedan interpretarse como parte de la gestión pública. Consideró que esta medida es fundamental para preservar la imagen institucional y evitar conflictos de interés.
Asimismo, subrayó que las entidades públicas, desde el nivel nacional hasta el municipal, están sujetas a normas que deben cumplirse rigurosamente, sin excepciones. Advirtió que actuar de manera arbitraria, aprovechando el poder, genera desconfianza ciudadana y debilita la institucionalidad.
Según sus declaraciones, lo ocurrido en el complejo Paucarbamba es un caso que requiere atención inmediata y un análisis exhaustivo por parte de las instancias competentes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
