La consejera regional de Huánuco, Kandy Vargas, reconoció que la Dirección Regional de Salud (DIRESA) podría perder el proceso judicial de desalojo que enfrenta actualmente. Esto pondría en riesgo la sede institucional y la estabilidad de los servicios de salud en toda la región.
La autoridad regional señaló que, de confirmarse un fallo desfavorable, el impacto no solo sería administrativo, sino también operativo, ya que comprometería la atención que brindan las redes y establecimientos de salud.
De acuerdo con Vargas, la institución se encuentra en una posición judicial desventajosa frente a la parte demandante, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores de la entidad. “Es bastante penoso decirlo, pero la otra parte tiene más probabilidades de ganar”, declaró durante una actividad oficial.
La consejera enfatizó que el desalojo afectaría directamente al laboratorio regional, considerado fundamental para garantizar análisis y pruebas médicas de todas las unidades ejecutoras. Explicó que este espacio ya cuenta con un local cedido por convenio con el Gobierno Regional, pero advirtió que el verdadero problema recae en la estabilidad administrativa de la DIRESA.
Según sus declaraciones, un eventual traslado de los equipos biomédicos debe realizarse con máxima cautela, pues un manejo inadecuado pondría en riesgo el soporte técnico de los establecimientos de salud y la calidad de la atención. Vargas añadió que la prioridad es evitar cualquier perjuicio a la población que depende de estos servicios especializados.
Buscan agotar instancias
La autoridad indicó que, pese a las desventajas judiciales, los trabajadores de la DIRESA han decidido agotar todas las instancias legales para defender la continuidad de la institución en su actual sede. “Seguimos adelante, porque lo que queremos es brindar una atención de calidad a la población”, expresó.
Vargas sostuvo que la situación requiere atención inmediata del Ejecutivo regional, ya que la pérdida de la sede institucional significaría un retroceso en la capacidad de respuesta sanitaria. También remarcó que el sector salud no puede quedar en la incertidumbre frente a un proceso judicial que amenaza con debilitar sus cimientos.
