La intervención de figuras prominentes del sector tecnológico en la administración pública estadounidense ha generado controversia, especialmente cuando se cuestiona la gestión de fondos federales. Este debate se intensifica ante las crecientes críticas sobre la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos gubernamentales.
Según la investigación publicada por The New York Times, Elon Musk, conocido por su liderazgo en empresas como Tesla y SpaceX, declaró el mes pasado que el gobierno federal incurrió en actividades «totalmente insensatas», alegando, sin presentar pruebas concretas, la distribución de 100 mil millones de dólares a individuos sin números de la Seguridad Social.
Apenas dos días después de las declaraciones de Musk, Steve Davis, un alto directivo de su confianza, inició una serie de gestiones directas con la Administración de la Seguridad Social (SSA) para obtener información detallada. Davis contactó a los líderes de la agencia, demandando que se otorgara acceso irrestricto a bases de datos con información sensible de ciudadanos estadounidenses a un joven ingeniero del autodenominado «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), una iniciativa impulsada por Musk.
Tiffany Flick, una exfuncionaria de la SSA, calificó la demanda de Davis como «sin precedentes» en una declaración jurada presentada este mes en una demanda colectiva interpuesta por empleados federales que buscan impedir el acceso irrestricto a los datos. Flick añadió que sintió la creciente impaciencia de Davis en las horas previas a que el ingeniero del DOGE fuera finalmente autorizado a investigar «el mito general de un supuesto fraude generalizado a la Seguridad Social». Este acceso, según fuentes internas, buscaba validar las acusaciones de Musk sobre el manejo de fondos públicos.
El despliegue de personal en agencias federales es solo una de las tareas que Davis ha llevado a cabo recientemente para Musk, en el marco de un esfuerzo más amplio del magnate por influir en la estructura del gobierno de EE. UU. La participación activa de Davis se extiende a sentar las bases para posibles recortes de gastos durante una eventual transición presidencial, así como a la reducción de programas de diversidad e inclusión dentro de las agencias gubernamentales. Además, ha participado en reuniones con legisladores y colaborado en la redacción y envío de un correo electrónico a nivel gubernamental, titulado «Una bifurcación en el camino», instando a los trabajadores a renunciar a sus puestos.
Estas acciones demuestran cómo Davis, de 45 años, se ha convertido de facto en el líder operativo del DOGE. Su influencia, según fuentes cercanas a la iniciativa, supera incluso a la de Amy Gleason, la administradora interina del DOGE durante la administración Trump. En ocasiones, Gleason ha permanecido al margen de las decisiones tomadas por Davis, lo que subraya aún más su papel central en la estrategia de Musk.
Es importante recordar que la Seguridad Social es un pilar fundamental del sistema de bienestar social en Estados Unidos, proporcionando beneficios a jubilados, personas con discapacidad y sus familias. Cualquier acusación de fraude o mala gestión debe ser investigada con rigor y transparencia, garantizando la protección de la información personal de los ciudadanos y la integridad del sistema.
