El pleno del Congreso ha aprobado, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, un controvertido proyecto de ley que limita el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002. Según esta nueva medida, la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes en Perú se restringiría a delitos cometidos a partir de este año.
La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano, defendió la iniciativa, argumentando que respeta los “principios de constitucionalidad, legalidad, tipicidad y la prohibición de retroactividad”. La ley propuesta sugiere que los actos anteriores a 2002 no podrían ser juzgados bajo estas categorías internacionales, lo que ha generado una oleada de críticas por parte de varios sectores.
El parlamentario Guillermo Bermejo criticó duramente la medida, expresando que la iniciativa parece proteger a “los malos elementos” dentro de las fuerzas armadas y policiales al impedir que se les juzgue por acciones pasadas que podrían calificarse como crímenes de guerra o lesa humanidad. Otro legislador, Edgard Reymundo, reiteró esta preocupación, advirtiendo que la ley podría resultar en impunidad para aquellos que “mancharon el uniforme”.
Tras la votación, la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú solicitó la reconsideración de esta, lo que significa que el proyecto deberá ser ratificado en una segunda votación programada para siete días después, según lo estipula el artículo 78 del Reglamento del Congreso.
