Legisladores de izquierda promueven iniciativas para derogar el incremento salarial de Dina Boluarte. Fujimorismo evita pronunciarse y descarta competencia del Congreso en el tema.
A menos de una semana de oficializarse el polémico incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte —de S/15.600 a S/35.568— el Congreso de la República ya ha recibido nueve iniciativas legislativas que buscan dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, el cual habilitó el aumento. No obstante, el respaldo parlamentario a estas propuestas no es unánime, y la bancada de Fuerza Popular ha decidido mantenerse al margen.
El primer paquete de proyectos se presentó el mismo 4 de julio, apenas horas después de la publicación del decreto en el diario oficial El Peruano. Las propuestas legislativas, presentadas por bancadas de izquierda y centro, coincidieron en el objetivo de restituir la remuneración anterior de la mandataria, al considerar que el incremento resulta injustificado y ofensivo en un contexto de crisis social y económica.
Fujimorismo se distancia y descarta validez legislativa
El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga fue tajante al expresar el rechazo de su bancada a sumarse a estas iniciativas. En declaraciones a Canal N, minimizó el impacto de los proyectos y aseguró que “van a quedar ahí”, en referencia a que el Congreso no tiene competencias directas sobre asuntos salariales del Ejecutivo.
“El Congreso no interviene en lo que son situaciones salariales o tributarias. Todo ello se guía por decreto legislativo que viene del Ejecutivo. Vemos que esta situación ha generado muchas voces con razón o sin razón. Creo que era completamente inoportuno”, indicó.
Aguinaga subrayó que Fuerza Popular cumplirá estrictamente con el marco legal, lo que implica no apoyar iniciativas que, a su juicio, no tienen asidero jurídico.
Posturas desde otras bancadas: rechazo y crítica ciudadana
En contraste, varios congresistas de izquierda han sido enfáticos en su rechazo al incremento. Jaime Quito, del Bloque Magisterial, calificó el aumento como “un insulto a la pobreza” y sostuvo que la derogación del decreto sería una muestra de respeto hacia la ciudadanía afectada por la precariedad económica. “Una ley puede dejar sin efecto este decreto. Mientras más congresistas se sumen, más fuerza tendrá esta exigencia popular”, dijo.
La parlamentaria Sigrid Bazán señaló que no es admisible que la presidenta se asigne un sueldo “36 veces mayor que la remuneración mínima vital” en un país con altos niveles de desigualdad. Su propuesta destaca el malestar ciudadano como una razón clave para anular el decreto.
Alfredo Pariona, en una línea similar, consideró el aumento salarial como “una ofensa al pueblo peruano” y propuso que este episodio sirva de punto de partida para una reforma ética del servicio público. “No es solo una medida equivocada; debe ser revertida de inmediato”, afirmó.
