La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó por mayoría la inhabilitación por diez años de cuatro fiscales supremos, en un proceso que eleva la tensión entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público, en uno de los episodios más álgidos de confrontación institucional en los últimos años.
El informe, que plantea sancionar a Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera, obtuvo 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Esta decisión se basa en la denuncia por presuntas infracciones constitucionales y delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato, según informó la Subcomisión.
Congreso y Fiscalía
De acuerdo con la Subcomisión, los casos presentan diferencias específicas en sus fundamentos, pero comparten una misma narrativa legal: cuestionamientos sobre el ejercicio de sus funciones como representantes del Ministerio Público. La denuncia contra Espinoza fue impulsada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el caso de Ávalos, esta se acumula a sanciones previas que ya le impusieron una inhabilitación.
Respecto a los fiscales Villena y Sánchez, ambos fueron incluidos recientemente en el proceso, ampliando el espectro del procedimiento sancionador hacia los más altos niveles del Ministerio Público. Según los congresistas promotores de la denuncia, se trataría de una respuesta ante presuntas omisiones y decisiones controversiales adoptadas por estos magistrados.
El informe aprobado debe ser elevado ahora a la Comisión Permanente del Congreso, que evaluará su admisibilidad antes de pasar a debate y votación en el Pleno.
Justicia bajo presión
Diversas voces dentro y fuera del Parlamento han advertido que el uso sistemático de figuras como la inhabilitación podría erosionar la independencia del sistema de justicia. Esta preocupación ha cobrado fuerza tras la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia, como Inés Tello y Aldo Vásquez, y la suspensión de fiscales de alto rango en un contexto de múltiples denuncias cruzadas.
En el caso de Delia Espinoza, el proceso se da en paralelo a una orden judicial que ordenó su restitución como fiscal suprema, medida que hasta el momento no ha sido cumplida por la JNJ. La entidad no se ha pronunciado sobre este incumplimiento hasta el cierre de esta edición.
Por otro lado, el Congreso no logró aprobar la inhabilitación de la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esta votación fallida contrasta con la celeridad del proceso contra los fiscales.
Subcomisión, nuevamente
Esta nueva ofensiva parlamentaria se produce en un contexto donde el Ministerio Público investiga a congresistas por supuestos actos de corrupción, lo que ha llevado a diversos analistas a advertir sobre un patrón de represalias institucionales. La figura de la inhabilitación se ha convertido en un mecanismo recurrente utilizado por el Congreso para desplazar a altos funcionarios de otras instituciones autónomas.
La última palabra sobre el futuro de los cuatro fiscales supremos será del Pleno del Congreso, donde se definirá si se confirma o rechaza la propuesta de inhabilitación. Hasta entonces, la controversia sigue abierta y el conflicto entre poderes continúa escalando.
