Universidades públicas: Congreso flexibiliza requisitos académicos para docentes sin posgrado
El Pleno del Congreso de la República aprobó el 13 de diciembre de 2023 una norma que permitirá a más de 3.000 docentes universitarios continuar dictando clases sin contar con maestría ni doctorado, pese a que la Ley Universitaria les otorgó un plazo de casi diez años para cumplir con ese requisito. La autógrafa de ley ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
La medida modifica de manera excepcional la Ley Universitaria y beneficia exclusivamente a los docentes que ejercían antes de su entrada en vigencia en julio de 2014. Según indicó el Parlamento, la exigencia de contar con maestría para pregrado y doctorado para posgrado dejará de ser obligatoria para este grupo, aunque se mantendrá para quienes fueron nombrados o contratados con posterioridad a esa fecha.
La Ley Universitaria estableció originalmente un plazo de cinco años para que los docentes se adecuen a los nuevos requisitos académicos. Sin embargo, tras un fallo del Tribunal Constitucional, el cómputo se inició recién en noviembre de 2015. Desde entonces, el Congreso aprobó varias prórrogas debido a que un porcentaje de docentes, principalmente en universidades públicas, no logró obtener los grados exigidos.
Con la decisión adoptada en diciembre, el Parlamento fue más allá de una nueva ampliación de plazos y aprobó una disposición excepcional que convierte en opcional la exigencia de maestría y doctorado para los docentes de la antigua Ley Universitaria. Además, estos profesores quedarán exonerados de contar con dichos grados para el ingreso y ascenso en la carrera pública universitaria.
De acuerdo con cifras citadas durante el debate, más de 3.000 docentes no lograron obtener los grados académicos requeridos, mientras que cerca de 13.000 sí cumplieron con la exigencia en las universidades públicas del país.
Cuestionamientos por impacto en la calidad universitaria
La decisión ha generado duras críticas desde diversos sectores académicos. Según indicó el director de Cappes, Jorge Mori, la norma representa “una burla” para los docentes que sí cumplieron con la exigencia, especialmente en universidades privadas. El especialista señaló que las universidades públicas más emblemáticas concentran el mayor número de docentes sin grados académicos y advirtió que la medida debilita la calidad del sistema universitario.
Mori sostuvo que el problema no es presupuestal, sino de gestión, y afirmó que la baja calidad de la oferta académica ha provocado que muchos estudiantes migren hacia universidades privadas en busca de mejores docentes, laboratorios y equipamiento.
Además, se cuestionó que el dictamen haya sido aprobado sin solicitar opinión técnica a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidad encargada de velar por la calidad educativa.
Posturas a favor en el Congreso
Desde el Congreso, los impulsores de la norma defendieron su aprobación. El congresista Guido Bellido argumentó que varios de los docentes beneficiados iniciaron su carrera bajo reglas distintas y se encuentran próximos a la jubilación, por lo que imponerles nuevos requisitos afectaría sus derechos laborales.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, señaló que muchos de estos catedráticos no cuentan con los grados exigidos, pero sí poseen una reconocida trayectoria académica.
No obstante, el exministro de Educación Idel Vexler cuestionó la decisión del Parlamento y sostuvo que no debe existir una diferenciación entre docentes que sí cumplieron con la ley y aquellos que no lo hicieron. A su juicio, lo más adecuado habría sido otorgar una prórroga adicional y no eliminar la exigencia.
Vexler también consideró poco probable que el Ejecutivo observe la autógrafa de ley, al tratarse de una medida que beneficia a un sector numeroso de docentes en un contexto preelectoral.
