El Colegio de Abogados de Huánuco lanzó una advertencia categórica sobre el Proyecto de Ley N.º 12793/2025-CR, impulsado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay (APP), que propone deducir del Impuesto a la Renta los pagos por extorsión sufridos por empresarios.
Según Hernán Cajusol Chepe, decano de esa orden profesional, se trata de una “propuesta irracional” que, de aprobarse, convertiría al Estado en cómplice indirecto del sicariato y el crimen organizado.
“La iniciativa es un absurdo jurídico que raya con la legalización del delito. No solo premia la extorsión, sino que institucionaliza el miedo”, declaró Cajusol en entrevista con medios locales. El proyecto permitiría que comerciantes o empresas afectadas por bandas criminales declaren como gasto deducible los pagos realizados bajo amenaza, con solo una declaración jurada.
El Colegio de Abogados advirtió que esta figura abre peligrosas puertas a la autoextorsión, el fraude tributario y la simulación del delito para evadir impuestos. La propuesta, hasta el cierre de esta edición, no ha sido retirada ni modificada públicamente por su autor.
Riesgo de fraudes y falsa victimización: “Bastaría una hoja firmada”
Cajusol calificó como “un insulto al sistema de justicia” que se pretenda utilizar una simple declaración jurada como prueba única para justificar deducciones tributarias millonarias. “¿Quién verifica si esa extorsión existió? ¿Qué impide que una empresa, con asesoría legal, finja una amenaza para descontarse impuestos?”, cuestionó.
A su juicio, el Congreso no está legislando contra la criminalidad, sino alineándose con su lógica de impunidad. El decano aseguró que, de prosperar el dictamen, su gremio interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el proyecto vulnera los principios básicos del orden penal y tributario.
“La deducción de pagos ilegales rompe el principio de legalidad y quiebra el equilibrio fiscal. Es como si el Estado dijera: ‘si te roban, descuéntalo y sigue operando’”, ironizó el jurista.
El congresista Cordero Jon Tay no se ha pronunciado sobre las críticas, y desde su despacho no se ha confirmado si retirará o reformulará el proyecto.
“La ley penal está desbordada, urge retomar el modelo antiterrorista”
El decano del Colegio de Abogados de Huánuco aprovechó el escenario para exponer una visión más amplia sobre el avance del crimen organizado en el país. Según afirmó, la legislación actual ha sido superada por la realidad, y el Estado necesita recurrir a medidas de excepción, como las aplicadas durante el conflicto con Sendero Luminoso.
Cajusol propuso reactivar herramientas legales duras, como los procesos sumarísimos, que resuelven casos en menos de 20 días; los allanamientos sin orden judicial; y eventualmente la figura de “jueces sin rostro”. Reconoció que estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales, pero sostuvo que “son riesgos que el país debe asumir” frente a la criminalidad creciente.
“Si el terrorismo, que tenía ideología, armas y financiamiento, fue vencido, ¿por qué no vamos a derrotar a estas bandas callejeras? Pero no con tibiezas”, sostuvo.
Críticas a derechos humanos y advertencia sobre excesos “justificados”
En una postura que ha generado preocupación en sectores defensores de derechos fundamentales, Cajusol respaldó incluso eventuales excesos de las fuerzas del orden durante estados de emergencia, señalando que son “parte del costo que debe asumirse”.
“No podemos permitir que las ONG y los opinólogos de la televisión se indignen porque un militar cachetea a un delincuente. Estamos en guerra contra el crimen”, declaró.
Frente a estas declaraciones, el Diario Ahora aclara que mantiene distancia editorial absoluta respecto a cualquier justificación de la violencia institucional, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, incluso en contextos de seguridad complejos. El respeto al debido proceso y la proporcionalidad en el uso de la fuerza son principios innegociables en democracia.
Modelo económico resiste, pero la inseguridad podría desestabilizarlo
En contraste con su crítica frontal al Congreso, Cajusol destacó como “una excepción saludable” el rol del Banco Central de Reserva (BCR) en el sostenimiento macroeconómico del país. Afirmó que la autonomía del BCR y la política técnica liderada por Julio Velarde han permitido mantener la confianza económica pese al caos político.
“El modelo de libre mercado funciona porque el BCR está blindado frente a los apetitos políticos. Eso nos ha salvado muchas veces del colapso”, indicó. No obstante, advirtió que la inseguridad está empezando a minar ese blindaje, obligando a empresas a cerrar o migrar su capital fuera del país.
“El crimen ya no solo mata personas. También está matando empleos y emprendimientos. Cada extorsión es un golpe a la economía nacional”, sentenció.
