El Congreso de la República oficializó este lunes la presentación de una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, que lleva la firma de 35 congresistas de distintas bancadas. La iniciativa, impulsada por la legisladora Susel Paredes, alega que el ministro carece de la idoneidad, probidad y confianza necesarias para encabezar el sector, en medio de nuevos cuestionamientos que lo vinculan con presuntos casos de tráfico de influencias.
La principal razón que sustenta el pedido es la difusión de un audio en el que Santiváñez habría intercedido ante el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para favorecer a un ex cliente suyo, Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado por integrar la banda criminal Los Pulpos y actualmente recluido en el penal El Milagro de Trujillo.
Los congresistas consideran que este hecho constituye un grave riesgo para la administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción. Además, la moción recuerda que el ministro ya había sido censurado en el pasado reciente cuando ocupaba la cartera del Interior, lo que convierte su actual permanencia en el gabinete en un hecho “inédito y sumamente preocupante”.
Precedente histórico
De aprobarse la moción con 67 votos en el Pleno, Santiváñez se convertiría en el primer funcionario censurado en dos ministerios distintos dentro de un mismo año, marcando un precedente en la política peruana.
Entre los congresistas que apoyaron el pedido figuran Alex Flores (Bancada Socialista), la proponente Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Edward Málaga (no agrupado) y Patricia Chirinos (Renovación Popular). El abanico de rúbricas refleja un respaldo multipartidario al pedido de censura.
No obstante, el proceso no estuvo exento de discrepancias. La parlamentaria de Podemos Perú, Heidy Juárez, retiró su firma a último momento, pese a que previamente había expresado su respaldo.
Asimismo, bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) optaron por no adherirse en bloque, lo que muestra que, si bien existe un rechazo transversal, este no es unánime.
La situación de Santiváñez se agrava con los cuestionamientos acumulados a lo largo de su trayectoria pública. La oposición sostiene que su designación en el Ministerio de Justicia, tras haber sido censurado en Interior, revela una irresponsabilidad del Ejecutivo en la elección de altos funcionarios, lo que afecta directamente la credibilidad del Gobierno.
