El Congreso ha desestimado la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender el debate sobre un proyecto de ley que busca otorgar impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Este proyecto ha sido impulsado por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi y ha desatado una intensa controversia y polarización en el país.
La Corte IDH había pedido a Perú que detuviera el avance de esta legislación mientras evalúa una medida provisional, debido a su posible impacto en casos históricos de violaciones a los derechos humanos como los de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, el Parlamento peruano, reafirmando su autonomía, anunció su decisión de continuar con el trámite de las leyes que considere pertinentes.
En un comunicado, el Congreso argumentó que, como órgano democrático, social, soberano e independiente, actúa con total independencia, rechazando cualquier “intromisión nacional o extranjera” en su legislación. “El Congreso de la República, con total independencia y autonomía y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”, declararon.
La postura del Congreso subraya una vez más las tensiones entre la soberanía nacional y los mandatos internacionales en materia de derechos humanos.
