En una decisión que ha generado controversia, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con una rapidez inusual y sin la necesaria revisión técnica por parte del Ministerio de la Producción, una reducción del 80% en las multas impuestas a empresas pesqueras por infracciones cometidas hasta el año 2020. Esta medida favorece especialmente a las compañías que operaron ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas, con una deuda acumulada que supera los S/11 millones en sanciones.
La propuesta, impulsada por el legislador Jorge Morante, se integró al debate de un proyecto ejecutivo para incrementar la inversión pública, siendo aprobada el mismo día sin mayor discusión. La Comisión de Presupuesto, dirigida por el congresista José Jerí de Somos Perú, no esperó la opinión del Produce, que es el organismo encargado de regular la actividad pesquera en el país.
El descuento aplicará a multas anteriores a 2021, lo que también abarca sanciones recientes como las del año 2020 por pesca ilegal en la mencionada reserva. Aunque Morante argumentó que su intención era beneficiar a los pescadores artesanales, la norma no distingue entre estos y los industriales, lo que ha llevado a críticas sobre la verdadera intención detrás de la medida.
Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), cuyos miembros son algunos de los principales beneficiados, ha declarado que no promovió la exoneración de multas y que sus empresas asociadas no se acogerán al descuento aprobado.
