El panorama electoral en Perú podría cambiar drásticamente con un nuevo proyecto de ley presentado por el congresista Juan Burgos, de Podemos Perú. La iniciativa, denominada “Proyecto de ley que fortalece el derecho político a ser elegido”, propone que los candidatos a la presidencia no necesiten estar afiliados a un partido político para postular al cargo más alto del país.
De aprobarse esta medida, cualquier ciudadano podría aspirar a la presidencia sin la necesidad de pertenecer a una organización política, siempre que un partido lo invite a postular y lo incluya en su lista. Esto también aplicaría al 20% de los candidatos al Congreso, quienes podrían ser designados sin afiliación previa. Según Carlos Oré Arroyo para Infobae.
Un cambio radical en el sistema electoral
El proyecto de Burgos plantea una modificación significativa en la forma en que los partidos eligen a sus candidatos, eliminando la obligación de que estos sean afiliados. “Un candidato de la plancha presidencial (…) podrá ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de organización política que disponga el estatuto”, señala la propuesta.
Es decir, los partidos políticos tendrían mayor libertad para incluir a figuras externas en sus listas, lo que podría abrir las puertas a candidatos sin trayectoria política formal, pero con notoriedad en otros ámbitos.
Sin embargo, la norma no elimina completamente la necesidad de un respaldo partidario. Para postular, los candidatos aún necesitarían ser incluidos por un partido o movimiento regional, aunque sin la obligación de estar afiliados a la organización.
En el caso del Congreso, los partidos podrían incluir hasta el 20% de sus candidatos sin afiliación previa, lo que abriría el espacio a figuras independientes, académicos o especialistas en distintas áreas.
Restricciones y cambios en los plazos de afiliación
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que eliminaría la posibilidad de que los afiliados elijan a sus principales candidatos en elecciones internas, dejando la decisión final en manos de los órganos establecidos por el estatuto del partido.
Además, se establecerían nuevas condiciones para aquellos que deseen cambiar de partido antes de una elección. “No pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación”, se lee en la propuesta.
Asimismo, la norma modificaría el plazo de afiliación previa a las elecciones generales de 2026. Actualmente, la afiliación debe realizarse con al menos un año de antelación, pero el proyecto propone reducirlo a nueve meses. Esta medida también aplicaría para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
Argumentos a favor y en contra
El congresista Juan Burgos defiende su iniciativa argumentando que busca ampliar las opciones para los electores y garantizar una mayor participación de ciudadanos en la política.
“Nuestro sistema democrático exige que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones para acceder a cargos públicos mediante elecciones libres y competitivas. No obstante, el marco normativo vigente impone restricciones que limitan la participación de potenciales candidatos, afectando la oferta electoral y restringiendo el derecho fundamental a la participación política”, señala el legislador en el documento presentado.
Sin embargo, sus críticos advierten que la propuesta podría debilitar a los partidos políticos, convirtiéndolos en simples plataformas electorales para candidatos sin compromiso ideológico. Además, temen que se incremente el poder de las cúpulas partidarias, ya que serían ellas, y no los afiliados, quienes decidirían qué candidatos postulan.
El contexto electoral y la bicameralidad en 2026
Las elecciones generales de Perú están programadas para el 12 de abril de 2026, con una eventual segunda vuelta en junio. En estos comicios, los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos para el periodo 2026-2031.
Uno de los cambios más relevantes en estas elecciones será el retorno del Congreso bicameral, el cual estará conformado por 190 legisladores: 60 senadores y 130 diputados.
Los senadores serán elegidos en una circunscripción nacional, mientras que los diputados serán escogidos por 27 distritos electorales, que incluyen los 24 departamentos, la Provincia de Lima, el Callao y los peruanos en el extranjero.
Para ganar la presidencia en primera vuelta, un candidato deberá obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza este porcentaje, se celebrará una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor votación.
En cuanto al Congreso, los partidos políticos deberán superar el 5% de votos a nivel nacional o conseguir al menos siete escaños en una circunscripción para obtener representación parlamentaria.
Posibles consecuencias de la reforma
Si el proyecto de ley de Juan Burgos es aprobado, el próximo presidente de Perú podría no estar afiliado a ningún partido político, algo inédito en la historia republicana del país.
Este cambio abriría la puerta a candidatos independientes respaldados por partidos políticos sin la necesidad de militar en ellos, lo que podría modificar la dinámica electoral y la estructura de los partidos.
Además, al eliminar la obligación de elecciones internas para definir a los principales candidatos, las cúpulas partidarias ganarían mayor poder en la toma de decisiones.
Mientras tanto, la ciudadanía y los expertos en política evalúan los pros y contras de esta propuesta, la cual ya está en debate dentro de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
Con más de 27 millones de peruanos habilitados para votar, la elección de 2026 marcará un punto de inflexión en la política del país. La posible aprobación de este proyecto de ley podría redefinir el futuro de la democracia peruana, permitiendo la llegada de un presidente sin afiliación partidaria por primera vez en la historia.
