La congresista Nieves Limachi Quispe ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de reforzar la seguridad en las instituciones educativas mediante la revisión de mochilas de los estudiantes. La propuesta, enmarcada en un contexto de creciente inseguridad en el país, busca prevenir el ingreso de objetos peligrosos y sustancias ilícitas a los centros educativos.
Según el proyecto legislativo, estas inspecciones estarían a cargo del personal auxiliar de educación y se realizarían siguiendo un protocolo previamente establecido. La medida solo se aplicaría en situaciones donde se identifique un riesgo potencial para la seguridad de la comunidad educativa. Además, el plan contempla la implementación de detectores de metales como un refuerzo para garantizar la integridad de los alumnos, docentes y personal administrativo. Según Camila Calderón para Infobae.
Actualmente, la normativa vigente no permite que los colegios realicen este tipo de inspecciones, lo que ha llevado a Limachi a proponer la modificación de los artículos 3 y 68 de la Ley General de Educación. Con estos cambios, el Estado no solo se enfocaría en ofrecer una educación integral y de calidad, sino también en garantizar un entorno seguro para el desarrollo de los estudiantes.
Aumento de inseguridad en entornos escolares
Uno de los principales argumentos de la congresista es el incremento de la criminalidad dentro de los colegios. En su exposición, mencionó casos en los que estudiantes han ingresado a las instituciones portando armas de fuego y drogas, poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Si logra el respaldo necesario, pasará al debate en el pleno del Congreso, donde se decidirá su aprobación o rechazo.
Posturas encontradas: Fenaep, Minedu y Minjus
Durante una mesa de trabajo convocada por la legisladora, diversos sectores expresaron sus opiniones respecto a la propuesta.
Desde la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú (Fenaep), su secretaria general, Livia Turpo, manifestó su respaldo a la iniciativa. Según explicó, en algunas zonas del Callao, estudiantes de secundaria han sido vinculados con bandas criminales y han llevado armas blancas a los colegios. Sin embargo, también planteó la necesidad de explorar otras alternativas para abordar el problema de la inseguridad escolar.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) se mostró más cauto frente a la medida. En su análisis, señaló que la revisión de mochilas solo debería aplicarse en casos excepcionales, cuando existan indicios claros de riesgo. La institución alertó sobre el impacto en la privacidad de los estudiantes y en el principio del interés superior del niño, un eje fundamental en la protección de los derechos de los menores.
Además, el Minedu destacó que actualmente existen programas de prevención de la violencia en el entorno escolar, como el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (PREVI). Este plan opera en 1.779 colegios considerados de alto riesgo y busca atacar las causas estructurales de la violencia mediante estrategias integrales que involucran a estudiantes, docentes y familias.
En tanto, el Ministerio de Justicia (Minjus) enfatizó que cualquier normativa que se implemente en esta materia debe respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos. La institución recomendó analizar cuidadosamente las experiencias de otros países antes de adoptar una medida similar en el Perú.
Apoyo y futuro del proyecto
El proyecto de la congresista Nieves Limachi ha obtenido respaldo dentro del Parlamento. Entre sus principales impulsores figuran los congresistas Víctor Cutipa Ccama, Hamlet Echeverría Rodríguez, Guillermo Bermejo Rojas, Wilson Quispe Mamani y Jorge Coayla Juárez, todos integrantes de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.
Ahora, la discusión se centrará en determinar si la revisión de mochilas es una herramienta efectiva para mejorar la seguridad en los colegios o si, por el contrario, vulnera derechos fundamentales de los estudiantes. Con posturas divididas y un debate que recién comienza, la decisión final recaerá en el Congreso de la República.
