Ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, citada el 16 de febrero por el Congreso. Deberá aclarar irregularidades en “La Casa del Padre”, albergue que acogió a más de 152 adolescentes, fundado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, para el próximo viernes 16 de febrero. El objetivo: exigir explicaciones detalladas sobre el polémico refugio “La Casa del Padre”, que recibió a más de 152 adolescentes y cuya acreditación genera serias dudas desde hace al menos 2 años. Este caso ha puesto bajo el reflector a una parlamentaria en funciones.
Según la investigación publicada por Exitosa Noticias, este delicado caso sale a la luz pública en un momento de extrema tensión política en el Parlamento. La citación ocurre solo un día antes, el 17 de febrero, de un Pleno Extraordinario crucial donde se debatirá la censura contra el presidente encargado del Congreso, José Jerí, añadiendo una capa de complejidad y escrutinio a la agenda legislativa.
Ministra bajo la lupa por albergue con 152 menores
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, integrada por 18 miembros y una de las 24 comisiones permanentes del Congreso, ha puesto en agenda la comparecencia de Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Su citación para el 16 de febrero busca esclarecer el funcionamiento de “La Casa del Padre”, un centro de acogida fundado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, quien ejerce su cargo desde 2021. Este albergue habría operado con serias deficiencias durante un período de hasta 3 años, recibiendo a un número significativo de menores en situación de vulnerabilidad, superando la cifra de 152 adolescentes embarazadas o con hijos.
¿Qué falló en la acreditación y supervisión de “La Casa del Padre”?
La orden del día es clara y exige respuestas concretas. La ministra Gutiérrez deberá informar sobre la situación actual de la acreditación de “La Casa del Padre”, explicando si cumplía con las estrictas condiciones establecidas en la normativa del MIMP, como la Ley N° 30465, que crea el Sistema Nacional Especializado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en su Artículo 20. Se cuestionarán los criterios bajo los cuales la Unidad de Protección Especial (UPE) del MIMP, con más de 20 oficinas a nivel nacional, derivó a estas 152+ adolescentes al centro, y los recursos económicos destinados, que podrían haber superado los S/300,000 en subvenciones. La ausencia de procedimientos de variación de medidas de protección y los hallazgos de las supervisiones realizadas serán puntos clave, dado que los informes preliminares, que datan de hace 6 meses, ya señalaban múltiples inconsistencias.
Tensión política: Caso se cruza con debate sobre censura de Jerí
La coincidencia de la citación del 16 de febrero con el Pleno Extraordinario del 17 de febrero para debatir la censura contra José Jerí, presidente encargado del Congreso, añade un matiz dramático a la situación. La votación para la censura requiere al menos 66 votos, lo que intensifica la presión sobre el Parlamento. Este calendario apretado subraya la compleja interconexión entre las denuncias de inconducta funcional y los cuestionamientos institucionales que atraviesan la política nacional en las últimas 48 horas, dejando a la opinión pública a la expectativa sobre los posibles desenlaces de ambos eventos.
¿Se vulneró realmente el interés superior de las niñas y adolescentes?
Una de las aristas más sensibles del caso radica en la posible vulneración del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, principio fundamental consagrado en el Artículo IV del Código de los Niños y Adolescentes. La ministra deberá detallar las acciones implementadas tras la difusión de al menos 10 imágenes de menores en redes sociales, compartidas por la propia congresista Jáuregui, lo que habría expuesto a estas jóvenes a revictimización. Se estima que en Perú, cerca de 200 mil niños y adolescentes viven en situación de vulnerabilidad extrema, lo que hace crucial que el MIMP tome medidas ejemplares y preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en otros 150+ centros de acogida a nivel nacional.
MIMP reacciona: Más de 75 adolescentes trasladadas a nuevos centros
En una medida reciente y preventiva, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció el 12 de febrero el traslado progresivo de las adolescentes y bebés que permanecían en el refugio “La Casa del Padre”. Se informó que alrededor de 75 adolescentes y 50 bebés han sido reubicados en más de 15 centros especializados en Lima y otras regiones, cumpliendo con los estándares de protección y cuidado. Para esta operación, el MIMP habría destinado un presupuesto de cerca de S/500,000, buscando garantizar la protección de las menores y evitar nuevas exposiciones públicas. Los traslados se prevén completar en un plazo máximo de 30 días adicionales.
Un problema que lleva más de 2 años en el radar público
El caso “La Casa del Padre” no es nuevo; ha estado bajo el radar de diversas instituciones y medios durante más de 2 años, con los primeros reportes de posibles irregularidades apareciendo hace 18 meses. Las preguntas sobre su acreditación y supervisión inicial, un proceso que típicamente toma entre 60 a 90 días hábiles, han persistido, evidenciando una aparente lentitud en las respuestas institucionales a un problema que afectaba directamente la vida de decenas de menores en situación vulnerable.
¿Qué impacto tendrá la declaración de la ministra en el futuro de la protección de menores?
La comparecencia de la ministra Gutiérrez ante el Congreso este 16 de febrero no es una cita más. Es una oportunidad crucial para esclarecer las supuestas irregularidades en la acreditación y supervisión de “La Casa del Padre” y para reafirmar el compromiso institucional con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus explicaciones podrían sentar un precedente importante en la fiscalización de los centros de acogida a nivel nacional y en la exigencia de responsabilidad a funcionarios y parlamentarios involucrados en este tipo de casos. Las próximas 24 a 48 horas serán decisivas no solo para el MIMP, sino para la credibilidad del sistema de protección de menores en el país y para la propia estabilidad política del Congreso, con la votación sobre Jerí acechando al día siguiente.
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