El Congreso de la República busca aprobar modificaciones al Código Procesal Constitucional que permitirían blindar sus decisiones ante cualquier control judicial, lo que representa un golpe al equilibrio de poderes en el país. Estas reformas fueron aprobadas por la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, y se espera que sean ratificadas en el Pleno en los próximos días.
De aprobarse estos cambios, las decisiones del Congreso quedarían fuera del alcance de cualquier proceso constitucional, lo que eliminaría los mecanismos de control que actualmente permiten cuestionar sus acciones. Este intento ha sido criticado por constitucionalistas como Beatriz Ramírez, quien señaló que el Congreso está fortaleciendo su poder sin contrapesos, mientras que el Tribunal Constitucional (TC), que actualmente tiene una composición favorable a los intereses del Legislativo, tendría más facilidad para aprobar medidas que favorezcan al Congreso.
Uno de los cambios más preocupantes es la modificación en los votos necesarios para aprobar procesos competenciales. Actualmente, se requieren cinco votos del TC, pero la reforma reduciría esta cifra a cuatro, lo que facilitaría que el Congreso se imponga en conflictos con otras entidades, como el Poder Judicial o la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este cambio ha sido denunciado por la congresista Ruth Luque, quien advirtió que la reducción de votos debilita aún más los contrapesos institucionales.
Además, la reforma limitaría el uso de estándares internacionales en casos de protección de derechos humanos. Si se aprueba, solo se podrían aplicar jurisprudencias internacionales en casos que involucren directamente al Perú, lo que excluiría la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas, y la protección contra el feminicidio y la tortura.
Estas medidas han generado gran preocupación entre juristas y sectores políticos que ven en ellas una amenaza al sistema democrático, al reducir los mecanismos de control sobre el Congreso y fortalecer su poder sin permitir el equilibrio necesario entre los poderes del Estado.
