La Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las más de 50 muertes ocurridas durante las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el Parlamento ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomendaba no seguir adelante con las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
El blindaje parlamentario no solo alcanza a la mandataria, sino también al entonces primer ministro Pedro Angulo Arana; al exministro de Defensa, Alberto Otárola; y a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. El informe 509 concluyó que no existía “una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal” de la jefa de Estado con los hechos que dejaron decenas de fallecidos.
Rechazo a reconsideraciones
Tras conocerse el resultado, los congresistas Wilson Quispe (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Flavio Cruz (Perú Libre) presentaron dos pedidos de reconsideración, pero fueron rápidamente desestimados por 13 votos en contra y 9 a favor. La mayoría fujimorista, junto con Alianza para el Progreso (APP) y otras bancadas aliadas, cerró filas en defensa de la presidenta.
¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Los votos que permitieron el archivo provinieron de Fuerza Popular —Arturo Alegría, César Revilla, Patricia Juárez y Tania Ramírez—; de APP —Lady Camones, María Acuña y Nelcy Heidinger—; de Acción Popular —Carlos Alva y Elvis Vergara—; de Somos Perú —Zadith Zegarra y Alex Paredes—; y de Honor y Democracia con Gladys Echaíz.
En contra se manifestaron Perú Libre, el Bloque Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, la Bancada Socialista y Podemos Perú, con votos como los de Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Alfredo Pariona, Edgard Reymund, José Luna y Digna Calle.
Un dato clave fue la ausencia de 18 parlamentarios, la mayoría de Fuerza Popular, APP y Renovación Popular. También faltaron legisladores de izquierda, lo que pudo inclinar la balanza hacia el otro lado.
Reacciones al blindaje
La decisión generó duras críticas. El congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) afirmó que “las bancadas mayoritarias son las que sostienen a este Gobierno” y advirtió que “la justicia tarde o temprano alcanzará a esta presidenta”. A su vez, el vocero de Perú Libre calificó la medida como un acto de “irresponsabilidad” y de encubrimiento de “asesinatos que quedarán en la historia del Parlamento”.
Pese a las denuncias, la mandataria y su entorno más cercano quedan libres de procesos constitucionales dentro del Congreso, mientras que los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia en instancias nacionales e internacionales.
