En una maniobra sin precedentes que intensifica la crisis institucional en Perú, un sector del Congreso se moviliza para destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), tras el fracaso de un primer intento en diciembre, ha activado el llamado plan B, involucrando a los magistrados en un proceso que podría culminar en su salida forzada de la institución.
El origen del conflicto se remonta a la acusación número 373, presentada por el legislador Jorge Montoya, que data del 10 de mayo de 2023. Esta acusación imputa a los magistrados diversos delitos, incluyendo abuso de autoridad y cohecho, en relación con la resolución 224-2020 sobre la interpretación de la edad límite para ser miembro de la JNJ. El foco de la controversia es la permanencia en el cargo de Inés Tello, quien sigue en la JNJ a pesar de haber superado la edad límite establecida de 75 años.
En este escenario de confrontación, la SAC ha avanzado con un informe de calificación que solo considera la infracción a la Constitución, descartando los alegatos penales. Ahora, el legislador Esdras Medina Minaya es el encargado de redactar el informe final, habiendo ya solicitado descargos por escrito a los magistrados implicados.
Las tensiones aumentan a medida que se acerca el 16 de enero, fecha tentativa para el debate y votación del informe final. La amenaza de sanción contra los miembros de la JNJ persiste, y una mayoría simple en el Pleno podría decidir su destino. Esta situación pone en relieve la fragilidad de la separación de poderes en Perú y la necesidad urgente de una reforma que garantice la independencia y la integridad de las instituciones judiciales.
