La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó una medida que permite que los abogados de congresistas y excongresistas sean financiados con fondos públicos provenientes de los impuestos de todos los peruanos. Este beneficio estará destinado a cubrir procesos judiciales en los que los parlamentarios y exparlamentarios se encuentren involucrados por el ejercicio de sus funciones, con la excepción de las acusaciones constitucionales provenientes del propio Congreso.
Según el documento citado por el medio independiente Ideele Radio, el acuerdo establece que “los congresistas y excongresistas de la República podrán acogerse al beneficio de defensa y asesoría legal, con cargo a los recursos de la entidad, siempre que hayan sido objeto de una acción jurisdiccional en su contra por el desempeño de sus funciones misionales, como legislar, ejercer el control político, representar y realizar funciones especiales, todas ellas consagradas en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso”.
Alcance de la medida
El acuerdo también incluye a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso, quienes podrán acogerse a este beneficio para procesos relacionados con decisiones administrativas tomadas de forma colegiada o, en el caso del presidente del Congreso, de manera unilateral. Así lo señala el texto: “Podrán acogerse al referido beneficio los integrantes del órgano parlamentario encargado de la dirección administrativa del Congreso, es decir, la Mesa Directiva, para ejercer su derecho de defensa en los procesos en los que se encuentren inmersos por decisiones administrativas tomadas de manera colegiada o, en el caso del presidente, de manera unilateral, como titular del pliego presupuestal”.
Hasta el cierre de esta nota, La República intentó obtener declaraciones de Eduardo Salhuana (APP), presidente de la Mesa Directiva del Congreso, sobre los motivos de esta decisión y los argumentos discutidos durante su aprobación. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del titular del Congreso.
Opiniones de expertos: antecedentes y contexto
El exoficial Mayor del Congreso, José Cevasco, fue entrevistado por La República para brindar su perspectiva sobre esta medida. Cevasco explicó que la decisión está directamente relacionada con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, lo cual expone a los congresistas a investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía. “El tema radica en que los parlamentarios ahora pueden ser investigados preliminarmente por la Fiscalía. Antes, esto no sucedía. Antiguamente, los parlamentarios, al gozar de inmunidad parlamentaria, tenían la posibilidad de trabajar y opinar protegidos por esta inmunidad. Ahora, al quedar desprovistos de esta protección, están expuestos, como cualquier ciudadano, a cualquier tipo de investigación. Esto es lo que ha llevado a la Mesa Directiva a extender este beneficio, inicialmente destinado a los funcionarios designados, también a los funcionarios electos por voto popular”.
Según Cevasco, esta medida podría interpretarse como una forma de compensar la eliminación de la inmunidad parlamentaria: “Creo que es una medida de protección que el Congreso ha encontrado para los parlamentarios sujetos a denuncias o investigaciones en el ejercicio de sus funciones. Es decir, al no tener la inmunidad, ¿cómo se protegen ahora? Mediante la asistencia de un abogado en estos casos”.
El exoficial Mayor también afirmó que este acuerdo responde a la necesidad de proteger a los parlamentarios en el desempeño de sus funciones, aunque admite que la medida podría ser impopular: “Ciertamente, no hay parlamento amado en el mundo. Todo parlamentario goza de ciertos beneficios para ejercer su función pública. Por más que un parlamentario ganara solo un sol, igual sería criticado. Más allá de la legitimidad de esta medida, el Congreso atraviesa una crisis de popularidad”.
Reacciones en la opinión pública
La decisión ha generado una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación, donde diversos sectores cuestionan la utilización de fondos públicos para financiar la defensa legal de los congresistas y excongresistas. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo, argumentando que esta medida refleja una desconexión entre el Congreso y las necesidades reales de la población.
El acuerdo también pone en el centro del debate el uso de recursos públicos para beneficios personales de funcionarios, en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas se encuentra en niveles históricamente bajos. Algunos analistas advierten que este tipo de decisiones podrían incrementar el descontento social y debilitar aún más la legitimidad del Congreso.
Un beneficio cuestionado
Mientras los defensores de la medida argumentan que se trata de una forma de garantizar que los congresistas puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias legales, los detractores consideran que este tipo de beneficios perpetúan la desigualdad entre los funcionarios públicos y el resto de la ciudadanía. Además, se cuestiona la inclusión de los excongresistas en este acuerdo, ya que esto extiende el uso de recursos públicos más allá de su periodo de servicio.
La falta de transparencia y debate público en torno a la aprobación de esta medida también ha sido criticada. Aunque se argumenta que el acuerdo busca proteger a los legisladores en el ejercicio de sus funciones, muchos consideran que no se justifica cargar al contribuyente con estos costos, especialmente en un país con limitados recursos económicos y diversas necesidades sociales insatisfechas.
