En una movida controvertida, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles un proyecto de ley que modifica el protocolo para allanamientos, exigiendo la presencia del investigado y su abogado durante estos procedimientos. La legislación, que pasó con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, ha sido criticada por potencialmente beneficiar a los criminales, facilitándoles la evasión de la justicia.
La propuesta, impulsada por el congresista Waldemar Cerrón, también modifica la definición de crimen organizado, excluyendo varios delitos graves como la tala ilegal y la estafa agravada de ser considerados como tales. Esto podría debilitar significativamente la lucha contra el crimen organizado en el país, según expertos.
La modificación legislativa surge en un contexto de creciente inseguridad y crimen en Perú, y ha generado un intenso debate público sobre la eficacia y las posibles consecuencias de tales cambios. Críticos, incluida la parlamentaria Ruth Luque, han expresado su preocupación de que estas modificaciones “tendrán un efecto sobre investigaciones penales en curso”, beneficiando no solo a violadores de derechos humanos sino también a delincuentes de menor calaña.
El proyecto de ley ahora espera la aprobación del Ejecutivo, en medio de llamados para una revisión exhaustiva y consideración de sus impactos a largo plazo en la justicia y seguridad del país.
