La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles el informe que acusa al expresidente Francisco Sagasti por infracción constitucional y abuso de autoridad, recomendando su inhabilitación por diez años para ejercer la función pública. Esta medida se debe al pase al retiro, presuntamente irregular, de un grupo de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante su gestión.
Además, la misma sanción fue aprobada contra el exministro del Interior, José Elice, quien también está incluido en la denuncia. Según Redacción EC para El Comercio.
La decisión final dependerá del Pleno del Congreso, que deberá evaluar y votar el informe aprobado. En caso de confirmarse, Sagasti quedará inhabilitado hasta el año 2034 para ocupar cualquier cargo público.
Votación y resultados
El informe fue sometido a votación en dos partes:
- Acusación constitucional:
- 18 votos a favor
- 4 votos en contra
- 2 abstenciones
- Inhabilitación por 10 años:
- 22 votos a favor
- 3 votos en contra
- 0 abstenciones
Los congresistas María Acuña (presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) y Jorge Montoya serán los encargados de sustentar la acusación ante el Pleno del Congreso.
Francisco Sagasti rechaza las acusaciones
Previo a la votación, el expresidente Sagasti participó en la sesión para defenderse y negó todas las imputaciones en su contra. Aseguró que las decisiones tomadas durante su gobierno fueron conforme a la ley y que no hubo irregularidades en los cambios dentro de la Policía Nacional.
Sin embargo, la Comisión Permanente no consideró suficiente su defensa y dio luz verde al informe que recomienda su inhabilitación.
¿De qué se le acusa a Francisco Sagasti?
La denuncia constitucional fue impulsada por los congresistas Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú) y José Cueto Aservi (Renovación Popular), quienes argumentan que el gobierno de Sagasti emitió de manera arbitraria e ilegal las resoluciones que dispusieron el pase al retiro de varios altos mandos de la PNP en 2020.
El informe señala que el exmandatario habría infringido los siguientes artículos de la Constitución Política del Perú:
- Artículo 45: Sobre el ejercicio del poder del Estado.
- Artículo 139, inciso 3: Principios y derechos de la función jurisdiccional.
- Artículo 172: Sobre la estructura y organización de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, se le atribuye el delito de abuso de autoridad, por lo que se plantea que se levante su fuero y se permita la intervención del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.
El contexto del pase al retiro de los generales de la PNP
En noviembre de 2020, durante su breve mandato de transición, Francisco Sagasti anunció el retiro de 18 generales de la Policía Nacional, promoviendo al entonces general César Cervantes como comandante general de la PNP.
Esta decisión generó polémica, pues se consideró una intervención política en la institución policial, dado que los cambios significaron el retiro de oficiales con mayor antigüedad para favorecer a un mando de menor rango.
En ese momento, Sagasti justificó la medida, alegando que buscaba reformar la Policía Nacional tras la represión de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, las cuales dejaron dos jóvenes fallecidos y decenas de heridos.
Proceso de la acusación contra Sagasti
La denuncia fue presentada en el Congreso y aprobada en noviembre de 2023 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Ahora, tras su aprobación en la Comisión Permanente, el caso pasa a manos del Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la inhabilitación del expresidente.
Si el Pleno ratifica la sanción, Sagasti no podrá ejercer ningún cargo público hasta 2034.
El impacto de la inhabilitación en la política peruana
La posible inhabilitación de Francisco Sagasti es un hecho relevante en la política peruana, ya que podría impedir cualquier aspiración futura del exmandatario a un cargo público.
En los últimos meses, Sagasti ha sido mencionado como una figura opositora a la actual administración y ha expresado críticas sobre el manejo político y económico del país.
En el caso de José Elice, su inhabilitación también representa un precedente en la aplicación de sanciones contra exministros de Estado.
Conclusión: ¿Qué sigue en el proceso?
- El informe será debatido y votado en el Pleno del Congreso en una fecha aún por determinar.
- Si la mayoría del Pleno ratifica la sanción, Sagasti y Elice quedarán inhabilitados por 10 años.
- El Ministerio Público podrá abrir una investigación penal contra Sagasti por abuso de autoridad.
El desenlace de este caso marcará un precedente sobre el control que el Congreso ejerce sobre las decisiones tomadas por los expresidentes y altos funcionarios.
