El Congreso de la República ha generado controversia al aprobar, a través de la Comisión de Constitución, un dictamen que permite a los partidos políticos usar el financiamiento público directo para cubrir los honorarios de abogados que defiendan a sus líderes, incluso si estos enfrentan procesos judiciales por corrupción u otros delitos graves. Según el informe de Wilber Huacasi para La República, esta medida se suma a una serie de modificaciones recientes a la Ley de Organizaciones Políticas impulsadas por el Congreso, en un contexto en el que diversos dirigentes partidarios enfrentan serias acusaciones legales.
La propuesta, liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, establece que los partidos políticos podrán destinar fondos públicos para pagar asesorías legales no solo para la organización como tal, sino también para sus directivos y voceros. Esta decisión amplía el uso del financiamiento estatal, que hasta ahora estaba limitado en gran medida a actividades vinculadas con la gestión institucional, como la compra de bienes o inmuebles.
Fondos públicos para líderes en problemas legales
La norma aprobada permite que los partidos políticos utilicen recursos del Estado para cubrir los honorarios de abogados en cualquier proceso judicial o investigación en el que estén implicados sus representantes. Según el informe de Wilber Huacasi, no se establecen restricciones sobre los tipos de casos que pueden ser cubiertos. Esto significa que, incluso en procesos por corrupción, lavado de activos u organización criminal, los líderes partidarios podrían beneficiarse del financiamiento público para solventar su defensa legal.
Este dictamen no es ajeno a las realidades de los líderes políticos más influyentes del país. Entre los nombres que resaltan se encuentran Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, actualmente procesada por lavado de activos y organización criminal, y Vladimir Cerrón, de Perú Libre, quien tiene una orden de captura por corrupción. Ambos partidos forman parte del Congreso que impulsa la reforma, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.
Contexto y controversia política
La modificación ocurre en un momento crítico para la política peruana. El uso de fondos públicos en defensa legal no es nuevo; partidos como Fuerza Popular ya habían utilizado recursos estatales para pagar abogados. Sin embargo, lo aprobado ahora formaliza y amplía esta práctica, otorgándole un marco legal que facilita su ejecución sin límites claros.
Para muchos analistas y ciudadanos, esta decisión refuerza la percepción de un Congreso que legisla en beneficio propio. El politólogo Fernando Tuesta indicó en declaraciones recientes que esta reforma representa “un abuso de los recursos públicos” y sienta un precedente peligroso al desdibujar las responsabilidades éticas de los partidos.
Además, esta medida podría aumentar el descontento social en un país donde la corrupción es percibida como uno de los principales problemas estructurales. “La ciudadanía no debería cargar con el costo de defender a líderes que, en muchos casos, están acusados de delitos graves contra el propio Estado”, señaló el jurista César Azabache en una entrevista reciente.
Un Congreso en la mira por falta de transparencia
El Congreso, que actualmente enfrenta niveles récord de desaprobación ciudadana, ha sido objeto de críticas por aprobar normas que parecen responder a intereses particulares más que al bienestar general. La presidencia de la Comisión de Constitución por parte de Fuerza Popular, un partido con líderes investigados, ha sido vista por sectores de la sociedad civil como un claro ejemplo de conflicto de interés.
El dictamen ahora pasará al pleno del Congreso para su debate y posible aprobación final. No obstante, voces opositoras dentro y fuera del Parlamento ya han anunciado que, de ser promulgado, recurrirán al Tribunal Constitucional para frenar su aplicación.
En este contexto, resulta relevante recordar que el Perú atraviesa una crisis política prolongada, caracterizada por constantes enfrentamientos entre el Legislativo y el Ejecutivo, además de múltiples escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Impacto en la percepción ciudadana y en los recursos públicos
La aprobación de esta reforma también genera interrogantes sobre el uso eficiente y ético de los recursos públicos. Actualmente, el financiamiento estatal asignado a los partidos políticos tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática, fomentar la capacitación de cuadros políticos y garantizar procesos electorales más transparentes.
Sin embargo, esta modificación podría desvirtuar esos objetivos. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 60% de los peruanos considera que los partidos políticos son instituciones corruptas. Este tipo de decisiones legislativas no hace más que reforzar esa percepción, alejando a los ciudadanos de la vida política y aumentando la apatía electoral.
Además, el presupuesto público asignado a los partidos proviene de los impuestos de los ciudadanos, lo que agrava la polémica. “Es un golpe a la moral del contribuyente, que ya está cansado de financiar un sistema político plagado de irregularidades”, expresó la economista Roxana Barrantes en un foro reciente sobre financiamiento político.
