Con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, el Congreso de la República del Perú aprobó la reforma del Código Procesal Penal. Esta medida otorga nuevas capacidades investigativas a la Policía Nacional del Perú (PNP), reduciendo las competencias del Ministerio Público en la conducción de las investigaciones preliminares. El objetivo es agilizar los procesos penales, pero ha generado fuertes críticas.
La Junta de Fiscales Supremos, liderada por Juan Carlos Villena, advirtió que esta reforma es inconstitucional, ya que vulnera el artículo 159 de la Constitución, el cual establece que el Ministerio Público debe dirigir las investigaciones desde su inicio. Además, señalaron que la PNP no cuenta con los recursos ni la capacitación adecuados para asumir estas nuevas funciones de manera efectiva.
A pesar de las advertencias, el Pleno rechazó una cuestión previa que buscaba devolver la iniciativa a la Comisión. La norma fue aprobada tras la segunda votación, confirmando las modificaciones a los artículos 60 y 65 del Código Procesal Penal, que ahora otorgan a la PNP un papel más activo en las investigaciones bajo la conducción jurídica del fiscal.
El debate en el Congreso estuvo dividido. Legisladoras como Sigrid Bazán y Ruth Luque se opusieron a la medida, señalando que debilita al Ministerio Público y favorece un mayor control por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la reforma fue respaldada por la mayoría parlamentaria, que argumentó la necesidad de modernizar el sistema de justicia penal en el país.
