En una decisión que genera controversia, el Congreso de la República del Perú ha aprobado el pago de cuotas de membresía a diversas organizaciones parlamentarias internacionales, mientras se plantea la posibilidad de suspender el financiamiento estatal a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Mesa Directiva del Congreso, presidida por Alejandro Soto, autorizó a la directora general de administración, Marisol Espinoza, realizar un desembolso total de S/ 423 mil para mantener la membresía en la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlamericas y la Asociación de Secretarios de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria.
Este gasto, que ha recibido el aval unánime de los miembros de la Mesa Directiva, incluye a representantes de diversos partidos políticos como APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País.
Al consultar a Espinoza sobre la importancia de pertenecer a estos organismos, su respuesta fue que cada organismo se justifica técnicamente. Sin embargo, la decisión del Congreso se ve opacada por una moción promovida por la congresista Rosselli Amuruz, que propone evaluar la suspensión de los aportes al fondo regular de la OEA, una organización que ha enfrentado críticas de un sector del Congreso por su posición respecto a los sucesos durante el mandato de Boluarte y el rol del Congreso en la gestión de instituciones como la Junta Nacional de Justicia.
La paradoja radica en que, mientras se debate la suspensión de fondos para la OEA, no se muestra la misma austeridad o cuestionamiento hacia la permanencia en otros organismos que facilitan viajes internacionales de parlamentarios financiados por el Estado peruano.
Esta situación plantea un debate sobre las prioridades del Congreso en términos de su participación en el escenario internacional y el uso de los recursos públicos en un contexto de cuestionamientos políticos y sociales.
